Representantes de organizaciones, pueblos originarios e investigadores de 12 estados acudieron a la Cámara de Diputados para reunirse con los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos, a fin de discutir la problemática hídrica y ambiental de la administración que concluye, incluyendo el tema de sistema de concesiones.

Acordaron realizar foros en las distintas entidades para consensar los contenidos de la futura Ley General de Aguas; generar un punto de acuerdo solicitando al gobierno entrante abrogar los 10 Decretos firmados por Enrique Peña Nieto, que levantaron vedas en zonas vulnerables a la minería y la fracturación hidráulica; y lograr una relación de colaboración cercana entre la Comisión, las organizaciones ciudadanas y la Auditoría Superior de la Federación, con el fin de documentar las graves irregularidades presentes en la Comisión Nacional del Agua.

Revisaron, además, la necesidad de reorientar hacia las obras locales requeridas para cumplir con el derecho humano al agua, los cuantiosos recursos ($8.1 mil millones en 2018; $60 mil millones hasta la fecha) que la Conagua ha asignado anualmente a las obras hidráulicas del NAICM;[1] de tomar las medidas requeridas para sanear el Río Atoyac en Tlaxcala y Puebla y promover la liberación de los seis defensores del agua indígenas en Tlanixco, Edomex.

Quien está al frente de la actual crisis hídrica es la Conagua, dependencia que opera como autoridad única, sin vigilancia ni contrapesos y que ha incurrido en un severo sobreconsecionamiento del líquido

Entre sus mensajes centrales destaca la necesidad de que el Congreso salde la deuda dejada por anteriores legislaturas para aprobar una Ley General de Aguas que siente las bases para la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno, para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua.

 “Los aquí presentes hemos logrado, a lo largo y ancho del país, una profunda acumulación de experiencias en la construcción de instancias multiactor, de monitoreo, de diagnóstico y de elaboración de propuestas técnico-participativas para la gestión integral del agua, que han nutrido la realización de ordenamientos ecológicos territoriales y planes hídricos que muestran el camino hacia el buen gobierno del agua. Ello ha enriquecido la elaboración de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas y nos permite prepararnos para un cambio de paradigma en la gestión del agua en México”, explicó Pedro Moctezuma, coordinador de investigación para la sustentabilidad de la UAM y miembro de la Coordinadora nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida.

Los participantes mencionaron que hasta ahora han prevalecido políticas que colocan los grandes intereses por encima de la población y el ambiente causando inequidad en la distribución del agua, vulnerabilidad a inundaciones y sequías, contaminación de cuerpos de agua y pérdida de la soberanía alimentaria.

Quien está al frente de la actual crisis hídrica es la Conagua, dependencia que opera como autoridad única, sin vigilancia ni contrapesos y que ha incurrido en un severo sobreconsecionamiento del líquido.

Entre los temas que expusieron los participantes están:

Los Lineamientos emitidos por la Conagua en agosto 2017 no consideran al fracking una actividad “altamente riesgosa”, y, por lo tanto, las empresas no necesitan hacer un estudio de riesgo

1. La Conagua sacrificó el derecho humano al agua para apoyar al proyecto NAICM

A partir del presupuesto federal de 2017, la Conagua quitó 7 de cada 10 pesos que históricamente habían estado disponibles para obras locales de agua potable y saneamiento, reduciendo el presupuesto de $14.4 a $3.4 mil millones anuales para cubrir todas las necesidades de infraestructura de 2500 municipios y la Ciudad de México. Sin embargo, incrementó de $3 a $5 mil millones de pesos anuales el presupuesto para el Túnel Emisor Oriente, obra necesaria para construir el NAICM en la principal zona de manejo de las aguas pluviales de la cuenca, y destinó $3.1 mil millones de pesos anuales ($20 mil millones en total) a otras obras hidráulicas del NAICM.

2. Deficientes los lineamientos de la Conagua para el uso de aguas nacionales en proyectos de “fracking”[2]

Los Lineamientos emitidos por la Conagua en agosto 2017 no consideran al fracking una actividad “altamente riesgosa”, y, por lo tanto, las empresas no necesitan hacer un estudio de riesgo. La “Red Regional de Monitoreo” es manejada por las propias empresas y solo requeriría de un pozo cada 250 km². La Federación es responsable de la remediación de daños en aguas nacionales y en el ambiente, de acuerdo con Luis Eduardo de Ávila Rueda, ex director general de Riesgo Ambiental de la Semarnat[3]. De hecho, 43 senadores presentaron un Acto de Inconstitucionalidad en contra de los Lineamientos, argumentando que la Conagua había actuado fuera de sus competencias, al crear conceptos y facultades que hubieran requerido reformas a la legislación existente.

3. Contaminación = impunidad

La ONU-Agua estima que 70% de los cuerpos de agua en México están contaminados y la ASF estima que el costo de esa contaminación superó los 110 mil millones de pesos en 2017. Esto se debe a las debilidades de la LAN y las deficiencias de la Conagua. Bajo la política de “el que contamina paga”, las concesionarias mineras, petroleras, metalúrgicas, entre otras, deben pagar entre $13 y $29 pesos por cada mil litros de agua contaminados, monto tan magro que el SAT ha decidido no cobrarlos.

En este sexenio los recursos dedicados a la prevención, inspección y sanción pasaron de 6.4 mil millones de pesos en 2012 a menos de 2 mil millones en 2018 y hay menos de 200 inspectores para cubrir más de medio millón de concesiones y permisos de descarga. La Conagua no actualizó la normatividad para descargas a cuerpos de aguas nacionales, la NOM-001-SEMARNAT-1996. En opinión de la ASF, “la Conagua no ha logrado atender el problema público, ya que sus acciones de prevención, control, coordinación y restauración no han logrado revertir la tendencia de la contaminación del agua, lo que puede poner en riesgo su preservación”[4].

4. Corrupción

La Conagua entregó 93.8 millones de pesos a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento en 14 contratos, algunos sin licitación, para hacer tareas como la organización de eventos internacionales, que duplican los esfuerzos de la Gerencia de Asuntos Internacionales de la Conagua. Este monto incluye un donativo de ANEAS, a la Universidad de Nuevo México para fundar el David Korenfeld Center for Water Governance.

5. Los casos emblemáticos de las regiones

Tabasco: denuncias penales por los daños causados por las inundaciones de 2010. Las comunidades indígenas y campesinas de Tabasco viven las consecuencias de inundaciones recurrentes desde el 2007. En 2011, la CNDH emitió seis recomendaciones (061/2011), responsabilizando a la Conagua por las inundaciones del año 2010. Ante la negativa de la Conagua de aceptarlas, la CNDH presentó el 26 de enero de 2012 una denuncia de hechos ante la PGR (folio AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XIX/039/2012).

Morelos: la Conagua promueve el desvío de aguas del Río Cuautla hacia termoeléctrica. Para beneficiar a las empresas españolas Abengoa y Elecnor, la Conagua hizo un trato con la planta de tratamiento de Cuautla para llevar sus aguas a la nueva termoeléctrica en Huesca, no solo dañando el caudal ecológico del Río Cuautla, sino también a la asociación General Eufemio Zapata Salazar, que tiene la concesión de estas aguas para uso agrícola.

Edomex: la Conagua da concesiones de aguas subterráneas a pesar de la veda y sobreexplotación del Acuífero Cuautitlán-Pachuca (Santa Lucía, Tecámac). A pesar de su propio dictamen, que determinó que el Acuífero Cuautitlán-Pachuca sufría de un sobreconcesionamiento de 40 millones de m2/año en 2002, la Conagua siguió otorgando concesiones de tal modo que para el 2018, el déficit había alcanzado 106 millones m3/año.

Entre los beneficiarios de este sobreconcesionamiento está la refresquera Peñafiel, con una concesión para 777,600 m³/año, que equivale a 20% más de la totalidad del agua utilizada por el sistema de aguas de Tecámac. Con esta sobreexplotación, ¿con qué agua podría funcionar una nueva terminal aérea en Santa Lucía?

las organizaciones subrayaron que en estos años se desmanteló la infraestructura de riego; que 40% de las cuencas evaluadas por la ASF en 2014 estaban contaminadas con sustancias diversas

Edomex, San Pedro Tlanixco. Despojo del agua y criminalización de sus defensores. San Pedro Tlanixco colinda con Villa Guerrero, que en los años 80 recibió a grandes empresas floricultoras a las que Conagua autorizó el disfrute del río “Texcaltenco”, que nace en Tlanixco, comunidad que tenía concesión de agua para su uso personal y doméstico.

El conflicto entre ambos poblados se agudiza en 2002, cuando la Conagua otorga una concesión para el uso y explotación del cuerpo de agua a empresarios extranjeros del municipio floricultor, dejando nula la primera concesión (oficio BOO.E.12.1.0.2.-00971), de la comunidad indígena de San Pedro. No hubo consulta, tampoco hubo una ponderación entre el uso personal y doméstico frente al uso económico. La comunidad intentó repetidas veces lograr una solución a través de gestiones con la Conagua sin que esto se diera.

El conflicto fue escalando, hasta que ocurrió un accidente, la Conagua entregó la lista de nombres de la comisión negociadora a las autoridades, lo cual resultó en su encarcelamiento con sentencias de 50 año. Los presos políticos de Tlanixco llevan entre 12 y 15 años, separados de su familia en el Cereso de Santiaguito, Almoloya de Juárez, por el delito de organizarse y defender el agua de empresas transnacionales.

Chihuahua: complicidad de la Conagua frente a cientos de pozos clandestinos. Los acuíferos Santa Clara y Flores Magón-Ahumada están vedados desde 1955. Sin embargo, la Conagua ha documentado la existencia de más de 300 pozos ilegales. Al ser más profundos y tener mayor capacidad de extracción, estos pozos resultan en el desecamiento de los pozos de las comunidades locales.

En años recientes al menos cuatro integrantes de las comunidades afectadas han sido asesinados (entre ellos, Ismael Solorio, Manuelita Solís y Alberto Almeida, exalcalde de Ahumada) al buscar que la Conagua tome acciones para poner orden las extracciones.

Ciudad de México: desarrollo urbano en un acuífero sobreexplotado. Según la Conagua, el acuífero de la ZMCDMX está sobreexplotado desde hace décadas (DOF el 26 de septiembre del 2016): la extracción de agua subterránea es de 623.8 millones de m³ anuales, mientras que la recarga es de 512.8 millones de m³ al año.

El estudio afirma que: “cualquier incremento de la demanda de agua, agravará los efectos perjudiciales causados por la explotación intensiva, tales como el abatimiento del nivel del agua subterránea, con la consecuente inutilización de pozos, el incremento de los costos de bombeo, la disminución e incluso desaparición de los manantiales¹, los hundimientos diferenciales del terreno con el consecuente daño a la infraestructura urbana, así como el deterioro de la calidad del agua subterránea”.

Sin embargo, en los pasados años hemos visto cómo se ha incrementado el desarrollo urbano de forma descontrolada. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) da dictámenes de factibilidad para nuevos desarrollos y según sus cifras, de enero del 2013 al 21 de abril del 2017  emitió 121 dictámenes negativos, frente a 4,586 dictámenes en sentido positivo para proyectos de construcción tipo “B” (construcciones de vivienda que van de  200 m² a 10 mil m² o de proyectos comerciales o mixtos menores a 5 mil m²), y 286 para construcciones tipo “C” (proyectos de vivienda de más de 10 mil m² o comerciales o mixtos de más de 5 mil m²).

Los dictámenes negativos representan solo 2.4% de los que ha otorgado en ese periodo, lo que muestra que Sacmex ha favorecido el desarrollo urbano descontrolado.

Ninguno de los dictámenes aprobados contiene análisis sobre el caudal de agua disponible en la zona, ni criterios de sustentabilidad o equilibrio ecológico, en contra de lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (artículos 23 fracción VII, 88 y 89), es decir, son ilegales.

El resultado es la escasez permanente de agua en las colonias populares, aunada a los recientes cortes de agua y que se privilegia el suministro de agua a las industrias, y grandes centros comerciales, a las nuevas torres habitacionales de lujo y se deja a millones de habitantes de bajos recursos desprotegida.

Puebla: la recomendación 10/2017 acredita la violación a los derechos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información sobre la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiaca y sus afluentes; la responsabilidad de funcionarios de Conagua, quienes no han garantizado el derecho a un medio ambiente sano, el saneamiento del agua y el acceso a la información; fallas en la administración, gestión y conservación de los ríos en cuestión; otorgamiento de permisos de descarga que no cumplen con los parámetros de la norma; falta de verificación de descargas sin permiso; red de monitoreo insuficiente que no mide los parámetros que inciden en la salud; falta de operación de las PTAR de Huejotzingo y San Martín Texmelucan, entre otros.

Altiplano Potosino: la Presa La Maroma propicia el despojo hídrico. Esta presa fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. La Conagua elaboró una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y un estudio de factibilidad.

Su argumento para impulsar el proyecto fue la “escasez” de agua en la región y la sobreexplotación de los acuíferos existentes. Contradictoriamente, la Conagua definió en la MIA la perforación de 5 pozos profundos para la extracción de agua subterránea, con concentraciones de arsénico y plomo que rebasan los límites establecidos. Este líquido se emplearía para abastecer a las comunidades agrarias; en tanto que el agua superficial de buena calidad sería enviada a Matehuala por el acueducto.

El ejido La Presa (Villa de Guadalupe, SLP) es el principal afectado debido a que las aguas que tiene dotadas por decreto presidencial desde 1955 provienen de los arroyos Jordán y La Maroma, mismos que serían acumulados por la presa La Maroma, lo que constituye un despojo hídrico a las comunidades y núcleos agrarios, sólo para garantizar el desarrollo industrial y los agronegocios en Matehuala.

La Conagua carece del permiso de cambio de uso de suelo forestal, de la autorización de la Sedena para usar explosivos, de la evaluación ambiental para remover materiales pétreos y del aval de los ejidos afectados aguas abajo, pero sus funcionarios en SLP han usado documentos falsos para hacer trámites ante autoridades agrarias.

Región Lagunera. En esta zona desde hace más de medio siglo se instaló una Cuenca Lechera, cuyo referente es Lala, que se ha convertido en la industria lechera más grande de Latino América, no obstante que está en un desierto y su operación tiene consecuencias graves para la población, dado que los agrolecheros extraen más agua del subsuelo que la concesionada.

Por ello, se propone la instalación inmediata de medidores telemétricos en todos los pozos de la región, mismos que permitirán conocer el total de lo extraído y conocer así la realidad hídrica de la región.

En general, las organizaciones subrayaron que en estos años se desmanteló la infraestructura de riego; que 40% de las cuencas evaluadas por la ASF en 2014 estaban contaminadas con sustancias diversas, incluyendo metales tóxicos y sustancias radiactivas; que 191 cuerpos superficiales de agua están en proceso de deterioro, y que, debido al déficit de aguas superficiales, 60 millones de personas dependen de acuíferos sobreexplotados.

Otros datos sobre la gestión de la Conagua: 70% de las concesiones están acaparadas por 7% de los concesionarios, entre ellos los dedicados al extractivismo y el lucro: minería tóxica, fracking, cerveceras, agroexportadores, entre otros. Asimismo, ha propiciado la especulación inmobiliaria con dictámenes de factibilidad en zonas carentes de agua, lo que ha disparado la expansión urbana no planeada.

[1] Aquí se incluye los $3.1 mil millones PEF 2018 asignados directamente a obras hidráulicas del aeropuerto, así como los $5 mil millones para el Túnel Emisor Oriente, requerido para poder urbanizar la principal zona de manejo de aguas pluviales de la Cuenca.

[2] http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5495543

[3] “Extracción de gas shale, un acertijo sin resolver”, en H20. Año 4/junio a septiembre 2017. CDMX: SACMEX. Vea: https://issuu.com/helios_comunicacion/docs/h20-15_fin

[4] Contaminación del Agua, Auditoría de Desempeño de la Conagua: 14-0-16B00-07-0123 DE-137.