El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos A. Orellana, realizó un pronunciamiento público en el que externó su preocupación frente a  que se intente dar por cumplido el amparo promovido y ganado por organizaciones de la sociedad civil que busca la prohibición de plásticos de un solo uso en nuestro país, con la promulgación de una Ley General de Economía Circula (LGEC).

Esta declaración cobra particular relevancia ya que una sentencia judicial promovida por Greenpeace México, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica, acompañadas de Fronteras Comunes, No Es Basura y Asociación Ecológica Santo Tomás, reconoció la obligación del Estado de adoptar medidas efectivas frente a los impactos de los plásticos de un solo uso, incluida la posibilidad de establecer su prohibición para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud.

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han advertido que el cumplimiento de esta resolución podría verse debilitado si el juzgador considera suficiente la adopción de marcos regulatorios como la LGEC, la cual no establece restricciones claras a estos productos ni medidas efectivas para reducir su producción y consumo, como el poder legislativo le ha tratado de hacer creer.

El relator reconoció que la  LGEC no prohíbe los plásticos de un solo uso por lo que no puede considerarse suficiente para dar cumplimiento al amparo, al tratarse de enfoques distintos. Asimismo menciona que la Responsabilidad Extendida al Productor (REP) es una falencia y se tiene que fortalecer, ya que en dicha Ley la REP no va aparejada de contribuciones monetarias de la industria para gestión de residuos y hay que incrementarlo.

En conferencia de prensa, advirtió que la economía circular tiene potencial si es químicamente segura, sin embargo desde la sociedad civil resaltamos que esto no aplica en México ya que el modelo de economía circular que promueve el Gobierno Federal considera la pirólisis, que no es químicamente segura, lo que es un eufemismo que esconde los impactos de procesos tóxicos.

Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente evidencia científica sobre los impactos, durante todo el ciclo de vida de los plásticos y microplásticos en los ecosistemas, la salud humana y el ejercicio de los derechos humanos.

Orellana también resaltó que existe un aumento de la importación de residuos a México, los cuales pueden llegar a usarse para coprocesamiento y generar combustible barato para la industria, pero que afecta la salud de las personas, por lo que el combustible barato sale caro para la gente, que además sigue la economía lineal y no es viable.

Las organizaciones de la Sociedad Civil firmantes afirman que el Gobierno Federal y el Poder Legislativo deben atender este pronunciamiento mediante la creación e implementación de políticas públicas y regulaciones, incluidas reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) , orientadas a la eliminación progresiva de los plásticos de un solo uso y a la prevención de la exposición a sustancias químicas tóxicas.

Asimismo, resulta fundamental descartar falsas soluciones que agravan la crisis ambiental y sanitaria, como la incineración, la pirólisis, el coprocesamiento y la termovalorización. 

Diversos estudios han demostrado que estos materiales, diseñados para un uso efímero pero con una persistencia ambiental prolongada, se fragmentan en microplásticos que contaminan el agua, el suelo y los alimentos, generando exposición constante para las personas y la vida silvestre.

Además de la contaminación física, los plásticos contienen una amplia gama de sustancias químicas potencialmente peligrosas. Investigaciones han documentado la presencia de compuestos como ftalatos, bisfenoles y metales pesados, incluido el plomo, en empaques y envases destinados al contacto con alimentos. A ello se suman compuestos del grupo de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés) conocidos como “químicos eternos”, como el perfluoroalquil sulfonato y el ácido perfluorooctanoico, conocidos por su elevada persistencia ambiental y sus posibles efectos adversos sobre la salud humana.

En conjunto, se estima que más de 4, 200 sustancias químicas potencialmente peligrosas están presentes o se utilizan en la producción de plásticos, la mayoría sin regulación específica en envases destinados al contacto con alimentos.

Esta problemática adquiere mayor relevancia al considerar que dichos compuestos ya han sido detectados en el organismo humano. Al menos 1,396 sustancias químicas relacionadas con materiales en contacto con alimentos han sido identificadas en el cuerpo, y la evidencia disponible vincula su exposición con trastornos del neurodesarrollo, enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes tipo 2. En conjunto, esta evidencia sustenta que la contaminación plástica sea considerada también un problema de salud debido a la exposición a sustancias tóxicas.

Además, en el país existe una emergencia ambiental y sanitaria no atendida, derivada de la saturación e irregularidad de basureros y rellenos sanitarios, que ya está provocando daños a la salud de la población.

Actualmente existen 2, 338 basureros o sitios de disposición final reconocidos en el país. Sin embargo, no se cuenta con datos precisos sobre la cantidad de residLey de Economía Circular no prohíbe plásticos uos que reciben, ya que apenas el 7.2% dispone de básculas y sólo el 14.4% cuenta con control de acceso. Tampoco hay garantía de una protección al ambiente, ya que solo 13.7% tiene geomembrana para aislar los residuos del suelo; 18% capturan los lixiviados; 14.4% otorgan algún tipo de tratamiento a esos líquidos.

Ante este escenario, el pronunciamiento del Relator Especial refuerza la necesidad de que las políticas públicas en México se alineen con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y sustancias tóxicas. También representa un llamado a fortalecer el debate legislativo para avanzar hacia modelos de producción y consumo que prioricen la protección de la salud pública, la reducción de la contaminación plástica y la prevención de la exposición a sustancias peligrosas.