La agenda de protección animal en México registra avances significativos tanto en el ámbito judicial como en el legislativo. Mientras organizaciones civiles impulsan la prohibición de las corridas de toros ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el estado de Baja California se posiciona como referente nacional con reformas estructurales que fortalecen el reconocimiento y la defensa de los derechos de los animales.

El pasado 29 de abril, integrantes del Movimiento México Sin Toreo y la Confederación por los Derechos de los Animales de México (CODAM) presentaron formalmente ante la SCJN una solicitud para que el máximo tribunal ejerza su facultad de atracción en diversos juicios de amparo que buscan prohibir la tauromaquia en entidades como Hidalgo, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Baja California. La acción busca que la Corte emita una resolución de fondo que genere certeza jurídica en un tema de alto impacto social.

Las organizaciones argumentan que las corridas de toros contravienen el marco constitucional vigente, particularmente el artículo 4º, reformado en 2024, que prohíbe el maltrato animal. Asimismo, señalan que la Ley Federal de Sanidad Animal no contempla excepciones que justifiquen la muerte de animales en espectáculos, lo que refuerza la ilegalidad de estas prácticas.

En paralelo, Baja California ha consolidado una política pública integral en materia de bienestar animal bajo el liderazgo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Entre los avances destaca la reforma al artículo 7 de la Constitución local, que reconoce a los animales como seres sujetos de especial protección jurídica, así como modificaciones al Código Penal que endurecen las sanciones por maltrato, con penas que pueden alcanzar hasta ocho años de prisión.

El estado también ha fortalecido sus instituciones mediante la creación de la Dirección de Derecho y Bienestar Animal y el robustecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente. A ello se suma la implementación del Registro Estatal de Agresores de Animales y la eliminación de prácticas de explotación, como las calandrias tiradas por caballos en Ensenada.

Estas acciones reflejan una transformación en la política pública y en la interpretación jurídica del trato hacia los animales en México. Mientras la SCJN podría sentar un precedente histórico en torno a la tauromaquia, entidades como Baja California avanzan en la consolidación de un modelo que reconoce a los animales como sujetos de derechos y prioriza su bienestar como parte de una agenda de justicia social.