Diversas organizaciones civiles y ambientales denunciaron que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México comenzó desde febrero de 2026, y no en marzo como sostuvo públicamente el gobierno federal, lo que evidenciaría un manejo tardío y opaco de la contingencia.

De acuerdo con la evidencia disponible, desde el 6 de febrero se detectaron manchas de petróleo frente a las costas de Campeche, en una zona donde se ubica el ducto “OLD AK C” de Petróleos Mexicanos (Pemex), una línea activa que transporta crudo entre la plataforma AKAL-C y la Terminal Marítima Dos Bocas.

Entre el 7 y el 14 de febrero, el buque especializado en reparación de ductos “Árbol Grande”, operado por la empresa Constructora Subacuática Diavaz bajo contrato con Pemex Exploración y Producción, permaneció en el sitio. Durante ese periodo, imágenes satelitales documentaron una extensa mancha de hidrocarburos que, para el 19 de febrero, alcanzaba cerca de 300 kilómetros cuadrados.

Además, el 13 de febrero se observaron embarcaciones realizando maniobras de dispersión, lo que indicaría que ya existían acciones operativas en la zona. Sin embargo, no se emitió ninguna alerta pública inmediata.

Semanas después, a inicios de marzo, el hidrocarburo comenzó a arribar a las costas de Tabasco y Veracruz, extendiéndose posteriormente hacia Tamaulipas. Para el 21 de marzo, se reportaban 630 kilómetros de litoral afectados, incluyendo playas, manglares, arrecifes y zonas de pesca.

Las organizaciones sostienen que esta cronología contradice la versión oficial presentada el 26 de marzo, en la que las autoridades ubicaron el inicio del derrame el 2 de marzo y atribuyeron su origen a un buque no identificado y a chapopoteras naturales.

“La evidencia desmiente esa narrativa”, señalan, al considerar poco creíble que un buque especializado haya operado durante ocho días sobre un ducto activo, en una zona restringida, sin que se identificara la fuente del derrame.

Más allá de una discrepancia de versiones, las organizaciones califican el caso como una “falsedad oficial” con consecuencias directas, ya que las comunidades costeras no fueron alertadas ni preparadas ante la llegada del hidrocarburo, afectando sus medios de vida, salud y entorno ambiental.

Asimismo, advirtieron que esta omisión contraviene el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos, que obliga a informar de inmediato, identificar la fuente del incidente y coordinar acciones de respuesta.

Ante ello, exigieron al grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Marina, Pemex, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, esclarecer desde cuándo se tenía conocimiento del derrame, identificar a los responsables y detallar las acciones de contención, reparación e indemnización.

Finalmente, las organizaciones subrayaron que lo ocurrido no solo implica un daño ambiental, sino también una posible responsabilidad legal y política, al haber omitido información clave que habría permitido mitigar los impactos en comunidades y ecosistemas del Golfo de México.