Organizaciones ambientalistas, colectivos y comunidades de distintas regiones del país rechazaron las recomendaciones del Comité Científico encargado de analizar la posible explotación de gas no convencional y exigieron al Gobierno de México prohibir constitucionalmente el fracking en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el posicionamiento difundido este 6 de agosto, el Comité Científico, coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), plantea avanzar con el desarrollo de pozos piloto de fractura hidráulica en yacimientos no convencionales, particularmente en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas.

Las organizaciones cuestionaron que la discusión se concentre en la posibilidad de realizar un “fracking sustentable” mediante nuevas tecnologías, como el uso de agua salobre, el reciclaje de agua, espuma de dióxido de carbono y sustancias de origen orgánico o biodegradables. Sostienen que estas alternativas todavía corresponden principalmente a experiencias experimentales y que no existe evidencia científica suficiente para afirmar que eliminan los riesgos asociados a esta técnica.

Uno de los principales puntos de preocupación es el consumo de agua. Según datos citados por las organizaciones a partir de una investigación de CartoCrítica, para recuperar apenas 10 por ciento de los recursos prospectivos de hidrocarburos no convencionales en México serían necesarios más de 25 mil pozos y mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce.

El documento también advierte sobre los residuos generados durante el proceso y señala que su disposición final no estaría suficientemente garantizada. Las organizaciones alertan sobre posibles fugas, contaminación de acuíferos y sismicidad inducida asociada con la inyección de residuos en pozos de disposición.

Noreste, bajo presión hídrica

El posicionamiento destaca que el noreste del país enfrenta una situación especialmente delicada debido al estrés hídrico existente en la región. De acuerdo con los datos citados en el documento, alrededor de 40 por ciento de la superficie con potencial para la extracción de hidrocarburos no convencionales presenta actualmente estrés hídrico alto o extremo.

Además, las organizaciones señalan que 65 por ciento del agua requerida para el fracking se localizaría en regiones donde la operación podría consumir entre 50 y 100 por ciento del agua disponible localmente. Bajo este escenario, estiman que ocho de cada diez litros requeridos para la técnica generarían condiciones de riesgo hídrico grave.

A los posibles impactos ambientales se suma, según el posicionamiento, una dimensión social. El documento señala que más de seis millones de personas viven dentro de áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o dentro de su radio de impacto potencial, por lo que podrían estar expuestas a contaminantes y riesgos para su salud y derechos humanos.

Comunidades rechazan proyectos

Las organizaciones aseguran que el rechazo al fracking no se limita a grupos ambientalistas. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, más de 90 organizaciones agrupadas en el frente Noreste Sin Fracking han manifestado su oposición a la técnica, particularmente debido a la escasez y disputa por el agua en la región.

En San Luis Potosí, comunidades tenek y nahuas han realizado procesos de organización y autoconsulta durante más de una década para expresar su rechazo al fracking. En Veracruz, comunidades totonacas, nahuas, nuntajiiyi’ y campesinas también se han pronunciado contra nuevos proyectos de extracción mediante esta técnica.

Ante este escenario, las organizaciones demandaron la prohibición constitucional del fracking en México, la participación efectiva de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier discusión sobre la técnica y el respeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades.

También exigieron transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones del Comité Científico y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, salud y medio ambiente.

El posicionamiento fue suscrito por organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking, CartoCrítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México, Fundar, Geocomunes, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua y diversos colectivos regionales.