Desde el 5 de marzo, la fuga de gas y el incendio en la infraestructura suman 140 días sin control. Durante todo este tiempo, las comunidades de la sierra de Las Choapas —Las Cruces, Guadalupe, El Remolino, El Nacimiento y los ejidos Constitución e Ignacio López Rayón, entre otras— han sufrido las consecuencias:

● Enfermedades respiratorias, dolores de cabeza, náuseas e irritación de ojos, incluyendo niñas, niños y personas adultas mayores;

● ⁠muerte de ganado y animales de traspatio;

● pérdida de milpas, árboles frutales y pastizales;

● ⁠contaminación de cuerpos de agua, entre ellos el arroyo Armadillo, que atraviesa doce comunidades, e

● incertidumbre sobre los contaminantes liberados, sus concentraciones y sus posibles efectos sobre la salud y los ecosistemas, ante la falta de mediciones independientes y transparentes.

Desde el inicio de la emergencia, Pemex ha mentido sobre la gravedad de la situación, difundido información incompleta y anunciado plazos de control que no ha cumplido. El 5 de junio, el director general de Pemex afirmó durante la conferencia matutina de la Presidencia:

“No está descontrolado. Se está atendiendo a la comunidad […] esperamos terminarlo en dos semanas”.

A casi siete semanas de esa declaración, el pozo sigue descontrolado y las comunidades siguen sufriendo el impacto acumulado de las afectaciones. Desde el 21 de junio, Pemex ha repetido que el cierre ocurriría “en los próximos días”. La diferencia entre el discurso oficial y los hechos evidencia un patrón de opacidad, omisión y negligencia.

Lo que muestran los satélites:

Un nuevo informe de CartoCrítica muestra información satelital de concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO₂), un gas asociado a la combustión de hidrocarburos, que advierte

la posible presencia de otros contaminantes, entre ellos partículas finas y compuestos orgánicos volátiles tóxicos, como el benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos. El benceno es cancerígeno y está asociado con leucemia, el tolueno puede afectar el sistema nervioso y las partículas finas aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Además, el informe muestra el impacto del siniestro en 270 hectáreas de vegetación afectadas (8 ha de suelo calcinado, 120 ha de vegetación muerta, 140 ha dañada), coherente con la degradación del entorno documentada por los propios habitantes.

Localidades en un radio de 10 km del pozo Krem‑1, con anillos de 5 y 10 km, sobre imagen del 15 de junio de 2026 (penacho activo). El tamaño del símbolo indica la población de cada localidad (Censo INEGI 2020). En el conjunto: 29 localidades y 3,431 habitantes. Imagen © 2026 Planet Labs PBC.

Daño a la vegetación alrededor del pozo Krem‑1, sobre el mosaico mensual de Planet de junio de 2026. La clasificación combina el cambio de vegetación (NDVI, junio–julio 2026 vs 2025, respecto al fondo regional) y el índice de quema (dNBR). El daño forma una mancha continua anclada al cabezal que se desvanece hacia ~1.5 km; análisis de CartoCrítica. Imagen © 2026 Planet Labs PBC.

De acuerdo con el Dr. Mikhail Zhizhin, investigador asociado al Earth Observation Group del Instituto Payne de Políticas Públicas de la Colorado School of Mines, el volumen de gas que se ha quemado, al 6 de julio, ha sido de aproximadamente 252 millones de metros cúbicos, lo que equivale a más de un tercio de todo el gas seco consumido por hogares en México durante 2023. A partir de este dato, CartoCrítica calcula que la combustión de ese volumen liberó alrededor de 500 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2), y al considerar el metano que pudo escapar sin quemarse, el impacto se aproxima a 620 mil toneladas de CO2 equivalente, en un horizonte de 20 años, tanto como las emisiones anuales de aproximadamente 135 mil automóviles.

Krem-1 es un pozo convencional, de menor complejidad técnica que los yacimientos no convencionales que el fracking busca explotar. Aun así, se salió de control durante más de cuatro meses. El fracking añadiría riesgos: perforación horizontal, fractura de la roca, inyección de grandes volúmenes de agua y sustancias químicas a alta presión, generación de aguas residuales contaminadas, emisiones de metano y multiplicación de pozos, ductos, caminos e infraestructura.

No existe una “extracción sustentable” capaz de eliminar estos riesgos mediante supuestos “químicos verdes”. Sustituir algunos aditivos no evita las fugas, los residuos, el consumo de agua, las emisiones ni la ocupación industrial intensiva de los territorios; no hay experiencia internacional que respalde esa idea, y su uso como argumento solo busca reducir la percepción de riesgo ante la opinión pública y ante quienes deben decidir.

Krem-1 no es un caso aislado: es el rostro de un modelo de extracción que minimiza los riesgos, oculta información y traslada sus costos a las comunidades y se suma a un patrón de siniestros en la infraestructura fósil del país en lo que va del año, incluyendo el derrame en el Golfo de México, explosiones y fugas. El patrón es claro: los procesos de extracción de hidrocarburos, incluso en su forma «más simple», son de alto riesgo y tienden a salirse de control.

Ante ello, exigimos:

● Atención y reparación integral de los daños inmediatos, a mediano y largo plazo de la salud de las personas afectadas y sus medios de vida.

● Mediciones ambientales independientes, transparentes y de acceso público sobre la contaminación generada por el siniestro en aire, agua y suelo.

● Que el Comité Científico a cargo de dictaminar la aprobación del fracking considere este caso como evidencia directa de los riesgos reales de la extracción de hidrocarburos en México, antes de emitir cualquier resolución.

● ⁠El rechazo al fracking, tanto en los territorios donde ya se ha intentado imponer como en cualquier otro punto del país.

● Prevenir nuevos daños y avanzar hacia un modelo energético que abandone la dependencia de los combustibles fósiles, que ponga en el centro la seguridad de las personas, la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

La política energética debe subordinarse a la vida y los derechos de los pueblos, no a la expansión inercial de un modelo fósil que convierte regiones enteras en zonas de sacrificio y agrava la crisis climática que pone en riesgo las posibilidades de vida digna en el presente y en el futuro, sobre todo de las poblaciones más vulnerables.