Este 1 de diciembre, 5 años después de su toma de protesta, las 40 organizaciones y comunidades que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking solicitaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador la expedición de un Decreto que establezca la moratoria en el territorio nacional de la aplicación del proceso de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos.

Después de la entrega de la petición escrita, los miembros de la AMFC colocaron frente a Palacio Nacional un contador para indicar los 305 días que le quedan al Presidente Andrés Manuel López Obrador para concretar su compromiso y prohibir el fracking.

“Le quedan 10 meses a la actual administración, 305 días en los que es posible decretar la moratoria y, por fin, cumplir el compromiso 75 del Presidente, todavía pendiente hasta el día de hoy”, afirmó Alejandra Jiménez, integrante de la AMFC.

La demanda fue hecha recurriendo al derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la Constitución, el derecho a la participación pública conforme al artículo 7 del Acuerdo de Escazú y al artículo 23.1.a) de la Convención Americana sobre derechos Humanos.

En el documento entregado se solicitan al Presidente que emita una moratoria que formalice el compromiso que hizo hace 5 años de que esta práctica no se realice en México. Emitir dicha moratoria (ya elaborada en una colaboración entre la la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Alianza Mexicana contra el Fracking) protegería a las poblaciones cercanas ue se encuentran cercanas a las zonas donde se podría seguir extendiendo el fracking.

Entre los argumentos planteados en la petición están: que el fracking causa daños graves e irreversibles para el ambiente, la salud y los derechos de las comunidades. Los proyectos de extracción por fractura hidráulica afectan la disponibilidad del agua y en consecuencia en el derecho humano al agua, a la alimentación y al medio ambiente sano, entre otros.

En lo que se refiere a salud, el escrito explica que diversos estudios científicos han demostrado afectaciones a la salud tales como: i) problemas gastrointestinales, respiratorios y cutáneos; ii) cementación inadecuada de cañerías, que causa contaminación de aguas subterráneas con benceno, tolueno, etanol, metanol y metales pesados; iii) daños a la salud psicológica de las poblaciones; iv) embarazos de alto riesgo, nacimientos con bajo peso y con defectos congénitos, con incremento en la incidencia de deficiencias cardiacas congénitas, y síntomas como dolores abdominales, mareos, náuseas o vómitos, irritación de mucosas, dolores de cabeza, ansiedad y estrés, en comunidades cercanas a operaciones de fracking.

Otro efecto adverso del fracking, se relaciona con el clima: durante la vida productiva de un pozo, entre 3.6 y 7.9% del gas o metano se escapa a la atmósfera. Este compuesto es un potente gas de efecto invernadero que contribuye a la crisis climática.

La petición explica que en 2018 uno de cada cuatro pozos petroleros (24.3%) había sido fracturado; es decir, que 7,879 pozos de los 32,464; estos pozos fracturados se concentran en: Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Puebla y Veracruz.

“Bajo ese contexto, y considerando su compromiso número 75, de que “no se usarán métodos de extracción que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”, nos dirigimos respetuosamente a Usted para solicitarle expida un Decreto de moratoria del fracking en el territorio nacional”, dice la petición.

Fotografías (crédito Regina Lopez / AMCF