Lic. Fernando Porfirio Lorenzo Vázquez

Dirección de Asuntos Jurídicos 

México Renace Verde A.C.

Parte 3 de 4

Deberes desde la ciudadanía

Habrá que preguntarnos…

¿Cómo puedo contribuir al cuidado del ambiente?

Los principales problemas que enfrentamos para proteger el medio ambiente es la industrializa­ción y los sistemas masivos de producción; el crecimiento exponencial de la población y por ende los asentamientos humanos sin planifica­ción adecuada; la explotación desmedida de los recursos naturales; la alteración de los ecosiste­mas; la contaminación de los cuerpos de agua, de los suelos y del aire; el manejo adecuado de resi­duos, y las afectaciones a la biodiversidad, entre otros.

Es importante que todos ayudemos a cuidar el ambiente, puesto que es una responsabilidad compartida, y porque de esta manera participa­mos activamente en la garantía de nuestro dere­cho. En ese sentido, además de acudir a las insti­tuciones competentes, podemos llevar a cabo ac­ciones que, por pequeñas que parezcan, pueden tener un gran impacto, y generar una cultura de conciencia, responsabilidad y solidaridad que realmente aporte al cambio, como son:

• Apagar las luces y los electrodomésticos que no están en uso, y desconectar apa­ratos que no requieran prenderse;
• Reciclar nuestros residuos y reutilizar aque­llos que nos sea posible;
• Separar los residuos;
• Utilizar aparatos eléctricos eficientes o ahorradores de energía;
• Optar por vehículos híbridos o que utili­cen combustibles alternativos, o buscar alternativas de transporte;
• Erradicar en la medida de la posible, el uso de produc­tos hechos con plástico o unicel;
• Cuidar a los demás seres vivos, como plan­tas y animales;
• No tirar basura o cualquier residuo fuera de los contenedores destinados para ello; y
• Evitar descargar residuos contaminantes en cuerpos de agua.

Es responsabilidad de todos proteger el medio ambiente y cuidar los recursos naturales. Si bien todos tenemos el derecho a un medio ambiente sano y al agua potable y saneamiento, debemos participar a través de las instituciones y de nues­tra conducta diaria para asegurar las condiciones que permitan garantizar estos  derechos.

Con lo previo, se hace necesario hablar de:

Participación ciudadana en materia ambiental

Hablar de participación ciudadana en México en la toma de decisiones en materia ambiental, sin lugar a dudas nos remite a la colectivización de la información científica generada a raíz del recrudecimiento de los grandes problemas ambientales, situación que trajo aparejada la aparición de nuevos actores sociales: los grupos ecologistas, hoy denominados ambientalistas.

A grandes rasgos el ecologismo en México es difícil de caracterizar, no obstante ello reviste de las siguientes características comunes, dada la heterogeneidad de actores sociales, temáticas y problemáticas que inciden en él:

Como primer factor, podemos identificar…

a) El interés colectivo por frenar desde distintas perspectivas el deterioro ambiental;

También se advierte…

b) La acción colectiva que se presenta en forma de lucha ecologista en contra de los proyectos que atentan contra el medio ambiente, y por último, también identificamos…

c) La multiplicidad de proyectos políticos e ideológicos que plantean formas alternativas de sobrevivencia ante la crisis ambiental. Los contenidos abanderados por los movimientos ecologistas surgidos en México, como en el resto del mundo van de la mano con los grandes acontecimientos de carácter internacional.

En este orden los espacios que los grupos ecologistas o ambientalistas han ido ganando a la acción del Estado, son el reflejo mismo de la participación activa y organizada de ellos, lo que ha traído como consecuencia, que sobre todo en lo referente a la calidad de vida y siniestros ambientales la sociedad en su generalidad, tenga interés por mantenerse informada y en momentos álgidos de deterioro ambiental, tomar las calles para exigir una política coherente que conlleve a la conservación del patrimonio de las presentes y de las futuras generaciones.

El derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia ambiental, sin lugar a dudas tiene como presupuesto la coexistencia y ejercicio de dos derechos; el derecho a la información y el derecho a la democracia. El primero, porque es requisito la existencia de una ciudadanía informada que para que pueda incitar en forma responsable una acción u omisión por parte de las Agencias Gubernamentales y el segundo porque del ejercicio de los derechos políticos el pueblo tendría en sus manos el proyecto de Nación y por ende la Institucionalización de éste.

En éste sentido se ha pronunciado el tratadista español Ramón Martín Mateo, cuando define en términos generales el Derecho a la Información Administrativa como: «la habilitación legal ciudadana para conseguir que la Administración les comunique o facilite las informaciones de que dispone, en sus registros y archivos, compartiendo con ellos, con ciertas limitaciones, sus disponibilidades y datos».

Luego entonces, como lo afirma nuestro autor en comento, lo anterior a su vez presupone el acoger por parte de la administración pública dos principios:

1) el de la transparencia (eliminación de los secretos públicos); y

2) la apertura hacia los controles indirectos por parte de los Gobernados.

Como punto de partida, podemos postular las siguientes estrategias:

1.- Aumentar el diálogo con la industria;

2.- Perfeccionamiento de la planeación física y estratégica a través de las evaluaciones de impacto ambiental;

3.- Mejorar la gestión y control de los procesos de fabricación: es decir,  auditorías ambientales, evaluar y contabilizar los daños al ambiente;

4.- Instaurar un sistema de etiquetas ecológicas y;

5.- Autorregulación y Derecho a la Información.

Sin lugar a dudas, desde el ámbito que se analice el Derecho a la Participación en la toma de decisiones en materia ambiental, la mayoría de los tratadistas coinciden en señalar como presupuesto el derecho a la información, que permita a su vez la acción misma.

Es decir, la explicitación del derecho, la propia SEMARNAP, se ha manifestado en tal sentido cuando menciona que: «la principal herramienta para la participación pública en la protección ambiental, es la información”; ponerla al alcance de todos cuando se habla de bienes comunes ambientales como el agua limpia o el aire puro, acarrea modificaciones importantes en la actitud de los ciudadanos que los disfrutan y en los responsables de las fuentes de emisiones que pueden contaminarlos, de tal manera que la información ambiental contribuye a propiciar la acción convergente de la sociedad hacia fines comunes y, además, ensanchar los márgenes de maniobra de la autoridad conforme se documentan y asumen consensos sociales.

Sin lugar a dudas del contenido y conceptos de la participación ciudadana, podemos acotar, que esta explicita una acción, intencional, consciente y tendiente a transformar e incidir en los problemas ambientales públicos o de interés público. En materia ambiental uno de los retos a construir lo será, sin lugar a dudas, el tendiente a fortalecer y garantizar el Derecho a la Información Ambiental, así como el flexibilizar las estructuras jurídicas y sociales en el que éste se realiza.

Para todo ello, se hace imperativo, exponer un poco de lo que llamamos…

Cultura de la legalidad; de lo cual hablaremos en el siguiente y último número sobre este tema tan trascendental en nuestros días.

Gracias por su lectura.