México ha experimentado importantes cambios en el acceso al aborto en los últimos años, pero persisten varios desafíos que requieren atención urgente.

A nivel nacional, aunque la ciudad de México y 13 estados han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, el acceso sigue siendo limitado en muchas otras regiones, esto crea una disparidad en los servicios de salud reproductiva, donde las mujeres en estados más conservadores enfrentan barreras para acceder a servicios seguros y legales, advirtió el doctor Eduardo López Ceh, ginecólogo del cuerpo médico de Telefem.

En el mes de la Acción Global por el Acceso al Aborto Seguro que se conmemora en septiembre se pone en primer plano la lucha continua por servicios de aborto accesibles y seguros, particularmente en países como México, donde la legislación y los servicios de salud continúan evolucionando en medio de controversias sociales y políticas.

“Telefem es una organización sin fines de lucro que opera como un espacio seguro y una opción del servicio de interrupción del embarazo, humana, empática, sin juzgar, sin prejuicios ni revictimizaciones, apoyando la toma de decisión de las personas con un acompañamiento con perspectiva y respetando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la gente, señaló Paula Rita Rivera Núñez, gerente de operaciones de Telefem.

Datos recientes estiman que en México se realizan aproximadamente entre 750,000 y  un millón de abortos cada año, de los cuales muchos se llevan a cabo en condiciones inseguras debido a las restricciones legales y la falta de acceso a servicios seguros (Guttmacher Institute, 2020).

El uso de medicamentos como la mifepristona y el misoprostol para la interrupción del embarazo ha aumentado, proporcionando una opción más segura en comparación con los métodos quirúrgicos en lugares donde los servicios son escasos o inaccesibles.

Sin embargo, el acceso al aborto con medicamentos también está condicionado por la disponibilidad de estos fármacos y el conocimiento sobre su uso correcto, lo que a su vez depende de la capacitación adecuada de los profesionales de la salud y del apoyo gubernamental para garantizar su distribución y uso seguro. Estudios indican que cuando se realiza correctamente, el aborto con medicamentos tiene una efectividad superior al 95% y es seguro para las mujeres, reduciendo significativamente el riesgo de complicaciones en comparación con los métodos inseguros (World Health Organization, 2019).

Durante las últimas décadas, el enfoque de México hacia el aborto ha experimentado una transformación gradual, con estados individuales navegando sus propios caminos legales hacia la liberalización o restricción del procedimiento. Esta descentralización ha dado lugar a disparidades significativas en el acceso a los servicios de aborto, reflejando el desafío más amplio de lograr una atención médica equitativa en todo el país.

Sin embargo, este cambio también trae consigo complejidades, especialmente en regiones donde las infraestructuras legales y de salud son subdesarrolladas o restrictivas. El paisaje legal fragmentado en México significa que, mientras algunas mujeres tienen acceso a abortos seguros y legales, otras siguen siendo vulnerables a procedimientos inseguros o se ven obligadas a buscar servicios clandestinos (Berer, 2004; Calvert et al., 2018).

Para el doctor Eduardo López Ceh, las implicaciones del acceso seguro al aborto van más allá de los resultados de salud individuales, influyendo en las dinámicas sociales más amplias tanto dentro de México como a nivel global. El acceso al aborto seguro no es solo una cuestión de salud personal; también es un problema crítico de salud pública que puede afectar las tasas de mortalidad materna, la igualdad de género y el desarrollo socioeconómico. Los fundamentos legales para el aborto son un factor determinante clave para que el procedimiento se realice de manera segura, subrayando la necesidad de una legislación integral y uniforme que garantice el acceso más amplio posible.

El debate y los cambios políticos en curso en torno a la legislación del aborto en México reflejan la compleja estructura social del país. Mientras algunos estados han logrado avances significativos en la liberalización del acceso, otros permanecen firmemente conservadores, creando un mosaico de entornos legales que contribuyen a la desigualdad en el acceso a la atención. Esta lucha en curso demuestra la necesidad de un enfoque nacional cohesivo para la legislación sobre el aborto, que reconozca y aborde las diversas necesidades y derechos de las mujeres en todas las regiones del país.

Paula Rita Rivera Núñez destacó que en cuanto a los cambios esperados, hay un movimiento creciente en México a favor de la despenalización del aborto a nivel nacional, con esfuerzos de organizaciones civiles y legisladores progresistas que buscan unificar las leyes para garantizar el acceso equitativo en todo el país. Además, se espera en los próximos años, más estados sigan el ejemplo de la Ciudad de México, Oaxaca y, recientemente, Jalisco y Puebla, ampliando los derechos reproductivos y mejorando la infraestructura de salud para apoyar a las mujeres que buscan estos servicios.

Los expertos coincidieron que aunque se han logrado avances significativos en el acceso al aborto seguro en México, quedan muchos retos por superar. La fragmentación legal y las barreras sociales continúan limitando el acceso equitativo a servicios de aborto seguro. El futuro del acceso al aborto en México dependerá de la capacidad del país para implementar un enfoque unificado y basado en la evidencia que priorice la salud y los derechos de las mujeres.

Las personas interesadas pueden contactar a Telefem para recibir orientación médica a través de la página telefem.org o en su WhatsApp el cual se encuentra en la misma página, para dar seguimiento a sus dudas y recibir información precisa y científica, de forma anónima y confidencial.