A seis meses del atentado contra el defensor ambiental Erik E. Saracho Aguilar, organizaciones ambientales y de derechos humanos demandaron a las autoridades avanzar en la investigación del intento de homicidio ocurrido el pasado 11 de marzo en San Pancho, Nayarit, y garantizar condiciones de seguridad para que pueda continuar con su labor.

De acuerdo con el pronunciamiento, la carpeta de investigación por el delito de Asesinato Calificado en Grado de Tentativa, identificada como RH/01157/2026, continúa en la Fiscalía de Nayarit sin que hasta el momento se hayan hecho públicos avances sustantivos ni se haya identificado a los responsables del ataque.

Saracho Aguilar dirige desde 2008 Alianza Jaguar, A.C., organización dedicada a la conservación del jaguar y su hábitat, así como a la búsqueda de un equilibrio entre la protección de los ecosistemas y las comunidades humanas de la costa norte de Jalisco y sur de Nayarit. La región enfrenta una creciente presión derivada del desarrollo turístico e inmobiliario.

Las organizaciones señalaron que el defensor ha mantenido durante más de dos décadas una postura crítica frente a procesos inmobiliarios que consideran depredadores y que afectan los territorios y ecosistemas de la zona. Esta labor, sostienen, le ha generado campañas de desprestigio, estigmatización, calumnias y procedimientos legales que buscan intimidarlo y desgastarlo.

Entre estos procesos se encuentra una Demanda Legal Estratégica contra la Participación Pública, conocida como SLAPP, que desde 2018 mantiene a Saracho y a otras cuatro personas defensoras ambientales bajo un procedimiento civil. El pronunciamiento señala que esta situación ha implicado el congelamiento de cuentas bancarias, restricciones para expresarse públicamente y la amenaza de una compensación económica millonaria por supuesto daño moral y económico.

Ante la gravedad del atentado y la posible implicación de grupos criminales y de poder, las organizaciones firmantes solicitaron a la Secretaría de Gobernación intervenir para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, además de fortalecer las medidas de protección para las personas defensoras ambientales que permanecen en la región.

Una de las principales demandas es garantizar el derecho de acceso a la justicia mediante una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar tanto a los responsables materiales como intelectuales del intento de homicidio.

También exigieron implementar medidas de protección adecuadas para Saracho Aguilar, quien, junto con su familia, tuvo que abandonar su comunidad a consecuencia del atentado. Las organizaciones consideran indispensable que pueda continuar desarrollando su labor de defensa ambiental sin poner en riesgo su vida o integridad.

El pronunciamiento también plantea reforzar las labores de inspección y vigilancia sobre las obras y proyectos turísticos e inmobiliarios que se desarrollan en la zona costera de los municipios de Bahía de Banderas y Compostela, particularmente en San Francisco, para garantizar que se apeguen al marco legal vigente y corregir posibles irregularidades.

Asimismo, solicitaron armonizar e implementar el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, relativo a la protección de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos ambientales, dentro de la legislación y las políticas públicas mexicanas.

Las organizaciones advirtieron que el caso de Erik Saracho se inscribe en un contexto más amplio de agresiones contra quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio en México. En su pronunciamiento, sostienen que el atentado debe convertirse en un referente de la capacidad del Estado mexicano para responder de manera oportuna, investigar los hechos y sancionar a quienes resulten responsables.

El documento fue respaldado por decenas de organizaciones y colectivos ambientales, de derechos humanos, conservación de especies y defensa territorial, entre ellos el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Alianza Jaguar, Red TDT, Serapaz, Wildlands Network Programa México, RedMAS Nayarit y diversas organizaciones de la región de Bahía de Banderas.

Las agrupaciones llamaron a evitar que la violencia y la intimidación se conviertan en mecanismos para silenciar la defensa ambiental y territorial, y demandaron una respuesta institucional que garantice justicia y protección para quienes realizan esta labor.