El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de 17 comunidades mayas de Hopelchén, que pedían la protección de la justicia frente a la grave contaminación del agua por pesticidas que prevalece en sus comunidades, es una buena noticia que debe ser acompañada de forma urgente por acciones articuladas que garanticen la efectividad de la sentencia y el monitoreo de la calidad del agua en la región.

En conferencia de prensa realizada este día en Mérida, Yucatán, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, acompañados de especialistas científicos y del equipo legal, hablaron sobre los elementos relevantes de la sentencia y el importante precedente que ésta sienta a favor de la naturaleza y los derechos humanos de las comunidades mayas de la Península de Yucatán. Asimismo, instaron a las autoridades implicadas en la resolución a trabajar de forma conjunta para hacer efectivo el acceso a la justicia para las comunidades y sus medios de vida.

La resolución de la SCJN llega tras un proceso de años, luego que en el 2020 las 17 comunidades de Hopelchén iniciaran un proceso de amparo por el aumento en el uso de sustancias altamente peligrosas en la agricultura industrializada, sustancias que, por su naturaleza, terminan depositadas en el agua de los pozos profundos del territorio donde habitan las personas y la cual consumen de forma cotidiana.

En el año 2024, tras una resolución del Juzgado Primero de Distrito del estado de Campeche que negó el amparo a las comunidades, éstas solicitaron a la SCJN la atracción del caso, buscando una sentencia integral que proteja de forma efectiva el agua de las comunidades de la región.

El pasado 26 de agosto, el pleno de la Suprema Corte votó de forma unánime a favor del proyecto de sentencia de la ministra María Estela Ríos, el cual otorgaba el amparo y la protección de la justicia a las comunidades de Hopelchén, reconociendo, además, las pruebas en el amparo donde se establece que en el agua de la región maya de los Chenes hay presencia de plaguicidas altamente peligrosos para el medio ambiente y la salud de las personas.

Durante esta rueda de prensa las comunidades expresaron la importancia de que esta sentencia no se quede en el papel, sino que, a partir de ella, se configure un nuevo modelo de desarrollo que involucre y tome en cuenta a las comunidades y su forma de vida. Para ello, dijeron, se requiere una visión integral del tema del agua, cuya implementación en políticas públicas involucre a las autoridades en los distintos niveles de gobierno. Asimismo, destacaron la urgencia de generar acciones articuladas para garantizar la efectividad de la sentencia y el monitoreo del agua que se consume en sus comunidades.

En la rueda de prensa, el equipo legal explicó las dos cuestiones puntuales que exigen las comunidades en relación con el resolutivo de la Corte:

●  Que las autoridades responsables, entre ellas la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otras, cumplan de forma íntegra y en un plazo razonable lo que establece la sentencia.

●  Que se realice un monitoreo sistemático y constante del agua en la región a fin de garantizar agua limpia, libre de plaguicidas y de  sustancias altamente peligrosas para las comunidades mayas de Hopelchén.

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