La probable eliminación de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs) en México, tras la iniciativa dictaminada el viernes pasado en la Cámara de Diputados por la Comisión de Puntos Constitucionales, preocupa a la International Chamber of Commerce global y a su capítulo México porque podría desencadenar consecuencias profundas y de largo alcance para la estabilidad económica del país, así como para su estructura democrática y de gobernanza.

Para la ICC global (que representa a 45 millones de empresas en el mundo) y su Capítulo mexicano, la ICC México, los OCAs, creados con el propósito de garantizar la independencia en la toma de decisiones en áreas estratégicas como la competencia económica, la transparencia, y la protección de derechos fundamentales, han sido pilares esenciales en la construcción de un sistema democrático equilibrado y en la promoción de un entorno económico competitivo y justo.

El dictamen establece la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Incertidumbre Jurídica y Económica

La eliminación de estos organismos abriría la puerta a una mayor concentración de poder económico, con riesgos importantes para la economía nacional y la competitividad en el mercado global, generando un efecto negativo sobre la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales. Esta situación podría derivar en una menor inversión extranjera directa, afectando el crecimiento económico del país y la economía familiar.

Tanto a la Organización Mundial de las Empresas, con sede en París, como a la delegación en México, nos preocupa la falta de claridad sobre cómo se reasignarían las funciones de estos órganos, porque podría complicar la revisión y cumplimiento de compromisos internacionales, como los establecidos en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

En la ICC, donde impulsamos el comercio internacional, la conducta empresarial responsable y un enfoque global de la regulación, además de proporcionar servicios de resolución de disputas líderes en el mercado, nos inquieta la eliminación de los OCAs porque también podría repercutir en la percepción internacional de México como un socio comercial confiable y comprometido con el Estado de derecho, puesto que estos órganos han sido vistos como garantías de la estabilidad democrática y de una gobernanza económica justa, por lo que su desaparición podría debilitar la posición de México en el escenario global.

La eliminación de la COFECE politizaría la regulación del mercado y debilitaría los mecanismos que aseguran una competencia justa, resultando en un aumento de precios y disminución en la calidad de los bienes y servicios. La incertidumbre jurídica y regulatoria derivada de su eliminación también podría desincentivar la inversión nacional y extranjera, afectando negativamente el crecimiento económico y la creación de empleos, lo que tendría repercusiones adversas para la economía del país y el bienestar de los consumidores.

La desaparición del IFT afectaría la independencia regulatoria del sector de telecomunicaciones y radiodifusión y reduciría la competencia, favorecería prácticas monopólicas y elevaría los costos para los consumidores, mientras que la calidad y la supervisión de los servicios también se verían comprometidas. A nivel internacional podría complicar el cumplimiento de compromisos asumidos por México en tratados como el T-MEC, afectando su competitividad global y enviando señales negativas a los mercados internacionales, además de que frenaría la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector, lo que tendría un efecto negativo en la capacidad del país para mantenerse competitivo en el ámbito global y en la protección de los derechos de los usuarios en el sector de telecomunicaciones.

Sin la Comisión Nacional de Hidrocarburos aumentarían los riesgos de ineficiencia y corrupción, dado que las decisiones sobre la exploración y explotación de recursos podrían estar más influenciadas por intereses políticos que por estudios técnicos rigurosos, desincentivando la inversión privada en el sector energético, afectando la entrada de capital y ralentizando el desarrollo de nuevos proyectos, y podría limitar la capacidad de México para aprovechar sus recursos energéticos, impactando negativamente la producción y la seguridad del suministro de combustibles en el país.

La falta de la CRE podría generar incertidumbre jurídica y regulatoria, lo que desincentivaría la inversión privada tanto en la generación de energía como en la distribución de combustibles. Sin un regulador independiente que garantice condiciones equitativas y transparentes, la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros podría verse afectada, ralentizando el desarrollo de proyectos energéticos. Además, esto podría influir en el incremento de tarifas eléctricas y de gas, afectando la competitividad económica y el bienestar de los consumidores.

Asimismo, la ausencia del INAI reduciría la capacidad de la ciudadanía para acceder a la información pública, lo que podría facilitar prácticas de corrupción y abuso de poder, ya que no habría un mecanismo independiente y especializado para garantizar que el gobierno y otras entidades públicas proporcionen la información solicitada, debilitando la cultura de transparencia que se ha desarrollado en el país, afectando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

En términos de protección de datos personales, la eliminación del INAI también podría poner en riesgo la privacidad de los ciudadanos, ya que este instituto es el encargado de garantizar que las instituciones y empresas manejen los datos personales de manera adecuada y segura. Sin un organismo que supervise y regule el tratamiento de la información personal, los ciudadanos quedarían más expuestos a posibles abusos, como el mal uso de sus datos o la falta de respuesta ante violaciones de su privacidad, lo cual tendría repercusiones negativas en la democracia y los derechos humanos en México.

Sin el Coneval se debilitaría la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los recursos destinados al desarrollo social, ya que este organismo no solo mide la pobreza, sino que también proporciona análisis críticos sobre el impacto de las políticas públicas, lo que permite identificar áreas de mejora y optimizar el uso de recursos públicos. Sin su evaluación independiente, sería más difícil vigilar la eficacia de las políticas públicas, lo que podría traducirse en una menor capacidad para corregir errores y mejorar resultados de combate a la pobreza.

Finalmente, la eliminación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación provocaría que sin un órgano especializado que se dedique a evaluar y mejorar la educación de manera continua, sería más difícil garantizar que todos los estudiantes en México reciban una educación de calidad, lo que podría exacerbar las desigualdades existentes y comprometer el futuro de las generaciones más jóvenes.

Hacemos un llamado a los legisladores para reconsiderar la eliminación de los OCAs, dada la importancia para el país en un momento de oportunidad por el nearshoring, de mantener organismos independientes que garanticen la imparcialidad en áreas críticas como la competencia económica, telecomunicaciones, y transparencia, como órganos fundamentales para evitar la concentración de poder y proteger la democracia.