La Ley Minera es violatoria de los derechos de los pueblos indígenas, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la Segunda Sala, tiene la oportunidad histórica de declararla inconstitucional y, con ello, reconocer el derecho de los pueblos a la autodeterminación sobre su territorio, particularmente sobre proyectos de desarrollo que los afectan.

A esta conclusión se llegó durante la realización del foro virtual Afectaciones de la minería a los derechos de los pueblos indígenas, convocado por el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y la Universidad Iberoamericana (UIA).

Los participantes en la primera mesa, integrantes de diferentes pueblos y comunidades indígenas, expusieron que la Ley Minera no fue consultada de forma previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y, por tanto, sin haber obtenido su consentimiento para promulgarla, ello a pesar de que un gran número de concesiones mineras se encuentran sobre sus territorios.

Pero sobre todo, señalaron que la Ley Minera viola y contraviene sus derechos a la libre determinación sobre su territorio, porque asigna a la actividad minera un carácter prioritario, que la por encima de las demás actividades, amenazando con ello las formas de vida que las comunidades han decidido mantener.

«La Ley Minera es un insulto, es excluyente, racista, nos silencia, nos excluye […] Estamos excluidos del artículo 27 constitucional, en particular en materia de subsuelo», señaló Salvador Aquino, indígena zapoteca de la comunidad de Capulálpam de Méndez, estado de Oaxaca.

Por su parte, Ofelio Julián Hernández, integrante del Consejo Maseual Altepetajpianij, señaló que la Ley Minera no considera el territorio como algo integral del cual, históricamente, los pueblos indígenas han obtenido su sustento, pero que también está intrínsecamente vinculado con su forma de vida, religiosidad y tradiciones culturales.

«El Estado Mexicano se forma después de que las comunidades ya estaban aquí. Esto es lo que nos hace fuertes y nos hace movernos y nos hace luchar. Luchamos por ejercer nuestro derecho a la libre autodeterminación, cómo queremos tomar decisiones sobre nuestro territorio, como queremos vivir, alimentarnos y garantizar el territorio para las generaciones que vienen».

En la segunda mesa, académicos e investigadores expusieron las deficiencias de la Ley Minera con relación a los derechos de los pueblos indígenas. Carlos Lozano, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), comentó que el concepto moderno de desarrollo económico hace que las concesiones mineras tengan prevalencia sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Agregó que «la distinción artificial que hace la Ley Minera entre suelo y subsuelo puede tener sentido económico y jurídico, pero ecosistémicamente y para las comunidades indígenas no lo tiene.» Por ello, dijo, las decisiones judiciales deben tomar en cuenta los impactos sobre pueblos indígenas y también los impactos ambientales acumulativos. El ordenamiento territorial es una herramienta fundamental que permitiría a las comunidades tener mayor incidencia en la toma de decisiones.

Respecto del derecho a la consulta previa, consideró que si bien resulta fundamental, tiene limitaciones, puesto que no otorga a las comunidades derecho de veto. El objetivo es hacer obligatoria la obtención del consentimiento por parte de las comunidades para poder emprender los proyectos.

Por su parte, Rodrigo Gutiérrez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que México se reconoce como una nación Pluricultural; es un principio constitutivo y fundacional que obliga a las autoridades a proteger los territorios indígenas y a reconocer su propiedad colectiva. «Esto quiere decir, que los pueblos tienen el derecho a controlar el territorio en el que habitan. Es necesario materializar estos derechos y concretarlos a través de decisiones legislativas y administrativas», señaló.

Jorge Peláez, académico investigador de tiempo completo del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana CDMX, recordó que el derecho al territorio forma parte de todos los estándares en el Sistema Interamericano y está consagrado en la Constitución mexicana. A pesar de ello -dijo- «en México no ha habido ningún proceso de consulta en temas mineros. Al no poder participar ni decidir sobre las concesiones mineras, se está anulando de facto la capacidad de los pueblos indígenas para decidir sobre su territorio.»

Agregó que existe una falsa lectura de la realidad que considera a la minería como actividad preferente, cuando en realidad sólo aporta 0.66% de los empleos y constituye el 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB). Agregó que en esos territorios los pueblos indígenas están desarrollando proyectos productivos, muchos de ellos de manejo forestal, por lo que al despojarlos de su territorio se está afectando también la actividad económica.

La falta de consulta previa a las comunidades sobre el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios ha detonado una serie de conflictos socioambientales en diversas regiones del país. Actualmente, se tienen identificados por lo menos 44 de ellos. Al respecto, Peláez Padilla destacó que es mejor legislar correctamente que obligar a los pueblos y comunidades indígenas, a recurrir a la vía judicial o al conflicto social para exigir el respeto a sus derechos.

Los participantes en el Foro concluyeron que la SCJN desempeña una función fundamental en el Estado democrático de derecho, por lo que hicieron un respetuoso llamado a que su decisión no se quede en argumentos formalistas, sino que entre al fondo del asunto dado que están en juego la diversidad cultural y biológica de la Nación.

Ayúdanos firmando la petición en https://www.change.org/p/ministro-javier-laynez-potisek-la-miner%C3%ADa-amenaza-la-forma-de-vida-del-pueblo-maseual?recruiter=12005187&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&fbclid=IwAR3NqJM8d2jLsR11ukCycTFTo_pU7OVpYycZ_FfWC5PMitXJLVvxxaV7LeA