En un albazo, ignorando las advertencias de expertos en materia de gestión de residuos, el Senado de la República aprobó por unanimidad una modificación al artículo 62 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) para incluir el coprocesamiento como un método aparte de la incineración, con lo que otorgan a la industria cementera el control total de la gestión de los residuos municipales.

“El coprocesamiento no genera empleos, causa grandes afectaciones ambientales y a la salud, y solo beneficia económicamente a las empresas que lo impulsan, particularmente las cementeras, es por ello que sorprende la rapidez con la que aprobaron la reforma, dado que la discusión y votación estaba prevista para el jueves 19, y se aprobó vía rápida el miércoles 18 cuando solo estaba programada su lectura. Esta decisión no toma en cuenta las alertas hechas por diversos expertos durante el parlamento abierto sobre co-procesamiento efectuado en octubre”, denunciaron las organizaciones firmantes.

Ahora esta iniciativa pasa a la cámara de Diputados donde esperamos que los legisladores cumplan con su deber, impulsen una discusión pública sobre esta modificación antes de aprobarla, de modo que se tome en cuenta la opinión de los y las expertas en la materia así como de la sociedad civil, y legislen en favor del bien común y no de los intereses de la industria.

Al impulsar el co-procesamiento se está impulsando una visión de gestión de residuos que privilegia su incineración en lugar de apostar por otras opciones basadas en la jerarquía de gestión de residuos donde se privilegia en primer lugar evitar la generación de los mismos: diseñar los productos de modo que sean reutilizables o reciclables, poder reutilizarlos, remanufacturarlos, renovarlos para evitar que se conviertan en residuos, o en su defecto reciclarlos y compostarlos.

La incineración/co-procesamiento no es una opción, dado que está detrás de grandes afectaciones medioambientales y para la salud humana.