Por sexto año consecutivo sigue el castigo al Sector Forestal, con un nuevo recorte de 223 millones de pesos al presupuesto de la CONAFOR.

 Sin contar la inflación, desde 2015, se acumula una merma de 69% en el presupuesto anual de la dependencia, ocurrida entre el fin del sexenio anterior y lo que va de la presente administración.

También la SEMARNAT sufre una insuficiencia que la incapacita para cumplir su función de regulación, lo que contribuye a la asfixia en la gestión del aprovechamiento legal de los recursos forestales.

 Organizaciones Comunitarias Forestales, Sociedad Civil, Cámaras Industriales Forestales, Organizaciones Gremiales y Académicas hicieron un llamado a los legisladores y al Presidente de la República a considerar que con la política presupuestal de los últimos años están en riesgo los bosques y ecosistemas forestales, los servicios que prestan a toda la sociedad, los dueños y poseedores forestales, sus organizaciones; las empresas del sector y la población que habita en las regiones forestales.

Explicaron que el sector forestal es estratégico: 138 millones de hectáreas, 71.2% de la superficie nacional, son bosques, selvas, matorrales y otros ecosistemas forestales de los que 65.7 millones de hectáreas son arboladas.

Añadieron que en este espacio de México hay 15,584 ejidos y comunidades agrarias con recursos forestales, así como pequeños propietarios forestales, viven 10.6 millones de personas, de las que 5.4 son indígenas de 43 etnias que a pesar de que viven en condiciones muchas veces precarias, resguardan uno de los patrimonios de biodiversidad más ricos del mundo, aunque también de los más amenazados.

Agregaron que de los bosques dependen múltiples servicios ambientales, entre los que están la protección de los suelos, la regulación hídrica en las cuencas y la reducción de los inconmensurables riesgos de desastres por inundaciones y avalanchas.

Comunidades fuertes trabajando sus montes son el más importante freno al avance de la delincuencia organizada en regiones distantes y aisladas del país. Sin embargo, a pesar de su importancia, el estado del sector forestal no es bueno: En lo económico: de 22 millones de hectáreas arboladas que tienen potencial económico, sólo 5.5 millones están bajo manejo técnico en 2,943 ejidos y comunidades agrarias y pequeñas propiedades; se alcanza menos del 10% de la productividad potencial natural y sólo se han instalado plantaciones en 350,000 hectáreas, cuando tenemos 8 millones de hectáreas disponibles para su desarrollo.

Así, México tiene un déficit comercial de productos forestales de más de 8 mil millones de dólares anuales, ya que la producción nacional sólo satisface la tercera parte de la demanda interna.

Los costos por transporte alcanzan hasta el 70% por un rezago en infraestructura de caminos; sólo una proporción de menos del 10% de la materia prima se transforma en las localidades forestales y las oportunidades de empleo se desplazan a los centros urbanos.

De acuerdo con los análisis más recientes, a pesar de tener excelentes ventajas naturales, técnicas y de capital social, vamos perdiendo competitividad y cientos de miles de empleos urgentes en regiones deprimidas económicamente.

Además, esta situación se agrava por no existir una estrategia para fortalecer la legalidad del mercado de productos forestales, por no contar con una política de comercio exterior que evite la importación de productos forestales que provengan de aprovechamientos irregulares o ilegales a un precio por debajo de los legales.

En lo ambiental: frente al compromiso climático asumido a nivel internacional de cero deforestación, persiste una pérdida anual de cubierta forestal de 267,000 hectáreas, debidas a un deficiente esquema de regulación, a rezago y pérdida de capacidad de gestión de la autoridad reguladora, a incapacidad de la PROFEPA para una adecuada vigilancia, al rezago tecnológico en la trazabilidad de los productos forestales, a la corrupción y, sobre todo, a un acompañamiento técnico de calidad, que fortalezca la gobernanza en las regiones y las comunidades forestales.

 Con el presupuesto forestal actual -y menos aún con el presupuesto propuesto para 2021- México no podrá cumplir el compromiso adquirido de reducir 51% las emisiones de carbono negro, que proviene principalmente de los incendios forestales y alcanzar la tasa de cero deforestación para el año 2030; tampoco el compromiso 23 del capítulo 24 del TMEC, de “mantener y fortalecer la capacidad gubernamental y el marco institucional para promover el manejo forestal sustentable”.

En lo social: Las regiones forestales concentran las localidades con la mayor pobreza y rezago en desarrollo humano que crecientemente van siendo tomadas por el crimen organizado, amenaza que se suma a la de concesiones mineras otorgadas en regiones forestales, sin información previa ni consentimiento de ejidos y comunidades agrarias y otros proyectos de gran impacto ambiental y social que no han tomado en cuenta cuáles son los planes de vida de la población de estas regiones.

 La contracción de la política de fomento al manejo forestal sustentable favorece estás actividades extractivas de gran impacto y las de carácter ilegal.

A pesar de los enormes riesgos, las perspectivas pueden ser luminosas si se toman las siguientes consideraciones:

• Tenemos las mejores condiciones naturales para un desarrollo productivo que puede aumentar la oferta de productos forestales en el orden de 60 millones de metros cúbicos, las oportunidades de empleo, la derrama económica y el bienestar de las familias.

• Tenemos la posibilidad de triplicar también la superficie bajo manejo técnico: con productividad, con apego a la ley y a la gobernanza, con conservación de los recursos naturales.

• Tenemos la experiencia de una tradición de manejo comunitario sustentable, que ha merecido el reconocimiento internacional, valiosos cuadros técnicos e instituciones académicas, un sistema muy avanzado de manejo de fuego, una muy amplia infraestructura para reforestación; una valiosísima experiencia y desarrollo institucional y normativo.

Como sociedad, debemos hacer varias tareas: ampliar la superficie bajo manejo técnico y legal; promover las plantaciones comerciales; mejorar la regulación, modernizar, facilitar y dar atención a la gestión de autorizaciones; mejorar la infraestructura y los servicios para mejora de la competitividad territorial; invertir y abrir el acceso al crédito para el desarrollo de empresas locales, principalmente sociales; trabajar profundamente para la organización de las comunidades, los productores privados y la gobernanza; generar capacidades técnicas en los diversos niveles y un acompañamiento amplio, integral y suficiente, y eso requiere recursos austeros, bien canalizados, bien supervisados, de acceso ágil y transparente, pero suficientes.

 PROPONEMOS:

 • Hacia 2024, Incorporar al manejo forestal sustentable 16 millones de hectáreas; alcanzar cero deforestación mediante protección, restauración y conservación; para ello se requieren inversiones crecientes de 7 mil millones de pesos en 2021; 16 mil millones de pesos en 2022 y 24 mil millones de pesos en 2023. La cifra más alta propuesta no llega a lo invertido en Sembrando Vida y tendría un impacto territorial 15 veces superior.

 • Ampliar en 400,000 hectáreas las plantaciones comerciales en el sexenio, para lo cual se requieren inversiones en créditos y apoyos por 3,000 millones de pesos al año.

• Restablecer y aumentar la capacidad de la autoridad para la modernización, mejora y transparencia en sus tareas de regulación y vigilancia, a través de revisar las normas y procedimientos, aplicar medios modernos de gestión y seguimiento de la acción de regulación y vigilancia.

 • Invertir en participación ciudadana y organización social. Una de las orientaciones fundamentales de la política forestal a la cual hay que asignarle recursos específicos es el fortalecimiento de la organización, desde el ámbito comunitario hasta el nacional, tomando en cuenta que el manejo forestal sólo es posible si existe una gobernanza comunitaria sólida.

Fomentar y apoyar el funcionamiento mejorado y las capacidades del Consejo Nacional Forestal (CONAF), como el cuerpo colegiado que contempla la ley para la vigilancia, seguimiento, evaluación y formulación de la política forestal.