Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)^[1] declaró inconstitucional criminalizar el aborto a nivel federal, en algunos estados, pese a que ya se ha despenalizado el aborto, aún no se han armonizado plenamente los códigos penales y marcos normativos locales, persisten barreras que dificultan el acceso efectivo a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Testimonios anónimos recabados en tres entidades revelan prácticas institucionales que contradicen los criterios establecidos a nivel federal y generan incertidumbre, retrasos y riesgos para la salud de quienes solicitan el servicio.

“Cuando acudí al hospital para realizarme una ILE me dijeron que necesitaba autorización judicial, aunque la ley no lo exige. Salí confundida y con miedo. Perdí casi tres semanas buscando orientación”, relata Mariana N, joven de 19 años. “Sentí que el sistema estaba diseñado para que desistiera”.

Mujeres, adolescentes y niñas enfrentan desinformación institucional, solicitudes de requisitos no contemplados en la ley y objeción de conciencia sin garantizar personal médico disponible, lo que provoca retrasos que pueden poner en riesgo su salud.

Sandy N. de 24 años, cuenta: “Tenía casi dos meses de embarazo y todo parecía normal, hasta que empecé con un sangrado muy abundante y un dolor intenso. Mi pareja llamó a una ambulancia y me llevaron al hospital más cercano, pero se negaron a atenderme porque dijeron que era un aborto y ahí no estaba permitido. Tuvimos que pedir otra ambulancia; yo ya me sentía muy mal. Cuando llegamos a otra clínica, me había desmayado. Sentí que me moría. No es justo que te nieguen atención en una emergencia”.

De acuerdo con la Cámara de Diputados, la Ley General de Salud^[2] reconoce servicios de salud reproductiva y establece obligaciones institucionales en la materia. “Sin embargo, la falta de actualización normativa local genera incertidumbre tanto en usuarias como en personal de salud”, señala Paula Rita Rivera Núñez, gerente operativo de Telefem.

Añade que: “sin armonización legislativa clara y capacitación uniforme, persisten interpretaciones restrictivas que afectan el acceso oportuno”.

Las adolescentes enfrentan obstáculos adicionales. “Mi hija tenía 15 años y fue víctima de violencia sexual. Nos pidieron documentos que no correspondían y nos hicieron repetir su historia varias veces. Fue revictimizada”, comparte Ana N. madre de familia con residencia en Tlaxcala.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que las barreras administrativas, legales y territoriales aumentan las inequidades en el acceso a servicios de aborto seguro.^[3]

En este contexto, organizaciones de acompañamiento como Telefem, ofrecen consejería, confidencial y basada en evidencia científica y conectan con profesionales de la salud quienes pueden brindar acompañamiento a usuarias que requieran una ILE, utilizando el método más recomendado por la OMS debido a su efectividad del 98%.

“La SCJN ha reiterado que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional. Mientras no exista armonización legislativa y capacitación uniforme en todo el país, el acceso seguirá dependiendo del lugar de residencia”, subraya la gerente de Telefem.

Y reconoce que: “las historias anónimas reflejan una constante: el derecho reconocido en la ley no siempre se traduce en acceso efectivo”.

Las historias anónimas reflejan una constante: Para las mujeres que viven en estados no armonizados, garantizar información clara, eliminar requisitos indebidos y fortalecer la capacitación institucional siguen siendo pendientes urgentes en materia de salud pública y derechos humanos.

^[1] https://www.debate.com.mx/politica/La-SCJN-declaro-inconstitucional-la-penalizacion-del-aborto-en-Mexico-Que-implica-y-que-sigue-20230907-0102.html

^[2] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

^[3] https://www.who.int/es/news/item/09-03-2022-access-to-safe-abortion-critical-for-health-of-women-and-girls