Las organizaciones firmantes reconocemos la urgencia de garantizar un suministro eléctrico suficiente y confiable para la población de Quintana Roo. Sin embargo, advertimos que la eventual instalación de centrales eléctricas flotantes, conocidas como powerships, no puede plantearse como una solución inmediata sin antes evaluar de manera integral sus impactos ambientales y sociales, garantizar la participación pública y analizar alternativas energéticas más sostenibles.

Los apagones registrados durante los últimos meses en Quintana Roo han dejado de ser incidentes aislados y evidencian las limitaciones de la infraestructura que sostiene el acelerado crecimiento de la Península de Yucatán. En Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y otros municipios, miles de personas han enfrentado afectaciones en su vida cotidiana, desde la pérdida de alimentos y noches sin ventilación ante temperaturas extremas, hasta interrupciones en actividades escolares y laborales y pérdidas económicas para pequeños comercios.

La crisis energética es real y garantizar el acceso a la electricidad es una obligación del Estado. Precisamente por ello, las decisiones que se adopten para enfrentarla deben ser responsables, transparentes y compatibles con los límites ecológicos del territorio.

Ante la información difundida sobre la posibilidad de recurrir a centrales eléctricas flotantes para atender la demanda energética de la región, las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación y oposición a que este tipo de infraestructura sea instalada sin una evaluación ambiental rigurosa y una discusión pública sobre sus implicaciones y alternativas.

No se trata de desconocer la necesidad de fortalecer el sistema eléctrico de la Península, sino de evitar que una crisis estructural sea atendida mediante soluciones extraordinarias que profundicen la dependencia de combustibles fósiles y trasladen nuevos riesgos ambientales a ecosistemas marinos y costeros altamente vulnerables.

Una crisis que exige planeación

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) reconoció formalmente la necesidad de contar con capacidad adicional para atender la demanda eléctrica de la Península de Yucatán y Tabasco mediante el Oficio CENACE/DOPS/239/2026, correspondiente a la «Convocatoria de Adquisición por Confiabilidad Veranos 2026 y 2027».

Sin embargo, la situación que enfrenta actualmente la región no surgió de manera espontánea. Durante 2026, las Gacetas Ecológicas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) registraron el ingreso de proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) destinados a fortalecer la infraestructura energética del sureste, mientras que también se han anunciado nuevas centrales y obras de transmisión.

Frente a este escenario es necesario preguntarse si la infraestructura proyectada resulta insuficiente para atender el crecimiento de la demanda, si existe un desfase entre su entrada en operación y las necesidades inmediatas de la población o si, como ocurre con otros servicios públicos, el modelo de crecimiento urbano y turístico está avanzando más rápido que la capacidad institucional para planificar y garantizar la infraestructura necesaria.

La respuesta a estas preguntas no puede limitarse a instalar más capacidad de generación. La crisis eléctrica debe abrir una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo territorial de Quintana Roo y sobre la forma en que se planifican conjuntamente el crecimiento urbano, turístico, energético y de servicios públicos.

A partir de la convocatoria del CENACE, diversos medios de comunicación han informado que una parte de la capacidad adicional requerida podría ser cubierta mediante powerships. Asimismo, representantes de la empresa Karpowership han realizado declaraciones públicas sobre posibles proyectos en la región.

Powerships: un mal paliativo para un problema estructural

Hasta ahora, sin embargo, no existe información pública suficiente que permita confirmar la eventual instalación de estas centrales en Quintana Roo, conocer su posible ubicación o determinar las condiciones ambientales y administrativas bajo las cuales podrían operar.

Las powerships son centrales termoeléctricas instaladas sobre embarcaciones que pueden conectarse con relativa rapidez a una red eléctrica. Aunque suelen promoverse bajo el argumento de que pueden operar con gas natural licuado (GNL), continúan siendo infraestructura basada en combustibles fósiles y su operación puede generar impactos ambientales relevantes.

Estas instalaciones pueden requerir la captación de grandes volúmenes de agua de mar para sus sistemas de enfriamiento y su posterior descarga a temperaturas superiores a las del cuerpo receptor, con posibles afectaciones sobre los ecosistemas marinos. A ello se suman las emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero, el ruido y las vibraciones tanto superficiales como submarinas, la contaminación lumínica, el incremento del tráfico marítimo y los riesgos asociados al almacenamiento, abastecimiento y manejo de combustibles.

La experiencia internacional también demuestra que las soluciones presentadas inicialmente como temporales pueden prolongarse durante décadas y generar nuevos conflictos ambientales y sociales. En República Dominicana, donde este tipo de infraestructura opera desde hace décadas, autoridades ambientales han documentado incidentes relacionados con residuos oleosos e incumplimientos de obligaciones ambientales. Comunidades pesqueras también han denunciado afectaciones a sus actividades y otros impactos asociados a su operación.

Estos antecedentes deben ser considerados antes de trasladar este modelo a una región cuya economía y bienestar dependen directamente de la salud de sus ecosistemas costeros y marinos.

Un arrecife que no soporta más improvisación

Quintana Roo forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, uno de los sistemas coralinos más importantes del mundo y un ecosistema que actualmente enfrenta una situación crítica.

De acuerdo con el Reporte de Salud Arrecifal 2024 de Healthy Reefs for Healthy People, el 39% de los sitios monitoreados se encuentra en condición pobre y el 23% en condición crítica. En conjunto, más de la mitad de los sitios evaluados presenta condiciones de deterioro severo.

El blanqueamiento masivo de corales, las enfermedades coralinas, la contaminación del agua y la pérdida de cobertura coralina han reducido considerablemente la capacidad de recuperación de estos ecosistemas.

En este contexto, cualquier nueva infraestructura industrial o energética que pueda generar descargas térmicas, contaminación atmosférica, ruido submarino, tráfico marítimo adicional o riesgos asociados al manejo de combustibles debe analizarse bajo el principio precautorio.

Los impactos deben evaluarse antes de tomar decisiones y no después de que los daños hayan ocurrido.

Por ello, cualquier propuesta para instalar centrales eléctricas flotantes en Quintana Roo tendría que someterse a una evaluación ambiental rigurosa, transparente e integral, que considere las características particulares del sitio y del ecosistema receptor, incluyendo estudios oceanográficos, modelación de posibles descargas térmicas, análisis de impactos acumulativos y sinérgicos y mecanismos efectivos de participación pública.

Asimismo, antes de optar por infraestructura de esta naturaleza, resulta indispensable realizar una evaluación estratégica de las distintas alternativas disponibles para atender la demanda energética de la región, considerando sus costos económicos, ambientales y sociales a corto, mediano y largo plazo.

La crisis eléctrica también es una crisis de planeación territorial

Sería un error pensar que el problema comienza con las powerships. La crisis energética actual es también el síntoma de un problema más amplio de planeación territorial.

Durante años, Quintana Roo ha experimentado un acelerado crecimiento urbano y turístico sin que la infraestructura pública se expanda necesariamente al mismo ritmo. Este fenómeno no se limita al suministro eléctrico. También se refleja en la disponibilidad de agua potable, el tratamiento de aguas residuales, la movilidad, la gestión de residuos y otros servicios esenciales.

Continuar autorizando grandes desarrollos urbanos y turísticos sin garantizar previamente la capacidad suficiente de infraestructura genera una presión creciente sobre los sistemas públicos y sobre los ecosistemas que sostienen a las ciudades.

Los apagones también tienen una dimensión de justicia ambiental. Sus impactos recaen de manera desproporcionada sobre las personas y comunidades con menos recursos, que cuentan con menores posibilidades para instalar sistemas de respaldo eléctrico, adquirir plantas de emergencia o absorber las pérdidas económicas derivadas de las interrupciones del suministro.

Paradójicamente, muchas de estas comunidades tienen consumos eléctricos significativamente menores que los grandes desarrollos urbanos, turísticos y comerciales que impulsan una parte importante del crecimiento de la demanda.

Por ello, la respuesta institucional no puede concentrarse exclusivamente en aumentar la generación mediante nueva infraestructura fósil centralizada. También debe analizarse cómo se consume la energía, quién genera el crecimiento de la demanda y qué medidas pueden reducirla de manera eficiente.

Hay alternativas

La transición energética ofrece alternativas que deben formar parte de cualquier estrategia para atender la demanda eléctrica de Quintana Roo.

El costo de la generación solar ha disminuido considerablemente durante las últimas décadas y la generación distribuida permite aprovechar espacios ya transformados, como techos de hoteles, hospitales, escuelas, edificios públicos, centros comerciales y estacionamientos, sin generar nuevas presiones sobre ecosistemas naturales.

La experiencia internacional demuestra que el despliegue acelerado de sistemas solares distribuidos puede transformar en pocos años la estructura de generación eléctrica de un país cuando existen condiciones económicas y regulatorias adecuadas.

En Quintana Roo existe un enorme potencial para aprovechar estas denominadas «zonas grises» y reducir parte de la presión sobre el sistema eléctrico mediante generación distribuida, almacenamiento y programas efectivos de eficiencia energética.

Estas alternativas no eliminan por sí mismas los retos inmediatos del sistema eléctrico ni sustituyen las inversiones necesarias en transmisión y generación confiable, pero deben ser evaluadas seriamente antes de comprometer recursos públicos y ecosistemas estratégicos en nueva infraestructura fósil.

La emergencia no debe sustituir a la planeación

La discusión sobre el futuro energético de Quintana Roo no puede reducirse a elegir entre apagones o powerships.

Las organizaciones firmantes nos oponemos a la eventual instalación de centrales eléctricas flotantes en Quintana Roo mientras no exista información pública suficiente sobre los proyectos, sus posibles ubicaciones e impactos; una evaluación ambiental rigurosa e integral; mecanismos efectivos de participación ciudadana; y un análisis transparente de las alternativas disponibles para atender la demanda eléctrica de la región.

La crisis energética exige soluciones inmediatas, pero también obliga a corregir las causas estructurales que la hicieron posible.

El reto no consiste únicamente en producir más electricidad. Consiste en decidir si Quintana Roo continuará resolviendo mediante medidas extraordinarias y nueva infraestructura fósil los costos de un crecimiento territorial desordenado, o si aprovechará esta crisis para construir una política energética basada en la planeación, la eficiencia, las energías renovables y la protección de los ecosistemas que sostienen la vida y la economía del Caribe mexicano.