Organizaciones ambientales, colectivos ciudadanos, centros de investigación y defensa de derechos humanos hicieron un llamado al Congreso de la Unión para que la discusión de las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) se lleve a cabo mediante un Parlamento Abierto amplio, plural, informado y sustantivo, antes de que las iniciativas sean dictaminadas y aprobadas.

Las organizaciones señalaron que la LGEEPA constituye la ley marco del sistema jurídico ambiental mexicano y uno de los principales instrumentos para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, debido a que sus disposiciones inciden en la protección de ecosistemas y biodiversidad, el ordenamiento territorial, la prevención y control de la contaminación, la evaluación ambiental y la participación social.

Reconocieron que la legislación requiere una actualización frente a los nuevos desafíos ambientales que enfrenta México y a los avances registrados en el derecho ambiental internacional. Sin embargo, advirtieron que una reforma de esta magnitud no debe estar determinada por la prisa legislativa.

Como antecedente, destacaron que el proceso que condujo a la reforma de 1996 requirió alrededor de 18 meses de discusión y construcción, periodo que permitió incorporar distintas perspectivas y fortalecer el marco jurídico ambiental.

“No se trata de frenar una reforma, sino de hacerla bien”, plantearon las organizaciones, al considerar que el Congreso tiene la oportunidad de construir colectivamente una legislación ambiental moderna, sólida y con legitimidad social.

El pronunciamiento plantea que el Parlamento Abierto debe permitir la participación de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, organizaciones de la sociedad civil, academia, personas expertas, sectores productivos y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, particularmente de quienes viven directamente las consecuencias de la degradación ambiental y participan en la defensa y cuidado de los territorios.

De acuerdo con las organizaciones, un proceso de deliberación de esta naturaleza permitiría identificar coincidencias, advertir riesgos, evaluar impactos, recuperar buenas prácticas y construir soluciones con mayor solidez técnica, jurídica y social.

Entre sus principales peticiones se encuentra que el Parlamento Abierto se realice antes de la dictaminación y aprobación de la reforma, con tiempo suficiente para una deliberación seria y responsable.

También solicitaron garantizar una participación plural y que las iniciativas, diagnósticos, estudios, propuestas de modificación y demás documentos relevantes sean publicados oportunamente, de manera que quienes participen puedan realizar un análisis informado.

Otro de los planteamientos consiste en que el proceso no se limite a sesiones informativas o exposiciones de posiciones, sino que incluya mesas de trabajo temáticas y espacios efectivos de deliberación.

Las organizaciones pidieron además transparencia proactiva sobre las propuestas recibidas, así como información sobre cuáles fueron incorporadas al proceso legislativo y, en caso de ser rechazadas, las razones por las que no fueron consideradas.

El pronunciamiento establece como principio rector que cualquier modificación a la legislación debe orientarse al fortalecimiento y no al debilitamiento de la protección ambiental y de los derechos humanos, bajo el principio de progresividad.

Para los colectivos firmantes, la evaluación de la reforma debe considerar sus posibles efectos ambientales, sociales, económicos y territoriales.

Entre las organizaciones que respaldan el llamado se encuentran Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Alianza Mexicana contra el Fracking, Amigos de Sian Ka’an, CartoCrítica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, ProDESC, Wildlands Network Programa México, Redes del Agua, Nuestro Futuro, Organización Familia Pasta de Conchos, REACCIONA Red de Acción Climática, Prodefensa del Nazas y diversas organizaciones y colectivos regionales.

Las organizaciones subrayaron que la reforma de la LGEEPA tendrá implicaciones de largo plazo para la protección del patrimonio natural y la garantía del derecho humano a un medio ambiente sano.

Por ello, llamaron a las y los legisladores a asumir el proceso con responsabilidad, privilegiando el diálogo, el conocimiento técnico y científico, la participación social y la construcción colectiva de la legislación ambiental, por encima de cualquier urgencia legislativa.

Finalmente, manifestaron su disposición a participar de manera constructiva y propositiva en el proceso de reforma y exhortaron al Congreso de la Unión a aprovechar la oportunidad para fortalecer el marco jurídico ambiental mexicano.