Más de 300 habitantes de comunidades costeras, ejidos y campos pesqueros de Topolobampo y Los Mochis se movilizaron para reiterar su rechazo a la construcción de la megaplanta de amoniaco de Grupo Proman Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), proyecto que, de acuerdo con los manifestantes, representa una amenaza para la riqueza socioambiental de la Bahía de Ohuira.

Convocados por el Colectivo ¡Aquí No! y Greenpeace México, habitantes de distintas edades participaron en una acción pacífica realizada en las inmediaciones de la zona donde se encuentra resguardada la torre de absorción industrial de GPO, conocida por los pobladores como “el misil”.

Durante la movilización desplegaron una manta de 30 metros de largo con la leyenda “¿INOFENSIVO? Juntos contra la amenaza”, además de otra con una representación gráfica para dimensionar las dimensiones de la estructura industrial, que mide más de 30 metros de longitud y tiene un peso superior a 300 toneladas.

Con el grito de “¡Aquí No!”, los participantes exigieron al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cancelar el proyecto y colocar como prioridad la protección de la riqueza natural, marina, terrestre, cultural y social de la Bahía de Ohuira.

El Colectivo ¡Aquí No! sostuvo que la magnitud de la estructura no refleja por sí misma la dimensión de los riesgos que, desde su perspectiva, implica la instalación de la que Grupo Proman anuncia como la mayor planta comercial de amoniaco de América Latina.

Los representantes comunitarios pidieron a las autoridades asumir sus atribuciones y responsabilidades, así como revisar y detener de manera integral el proyecto para evaluar sus posibles impactos ambientales y sociales.

Advirtieron que una decisión de esta naturaleza debe considerar las consecuencias que podrían generarse en un territorio donde comunidades locales dependen directamente de los ecosistemas de la Bahía de Ohuira.

“Los habitantes y la comunidad Mayo-Yoreme que hemos vivido y dependemos de la Bahía de Ohuira, llevamos más de 13 años expresando nuestra preocupación y defendiendo este territorio”, señalaron durante la protesta.

Las comunidades informaron además que están próximas a cumplir 100 días de manifestación permanente frente a las instalaciones de Gas y Petroquímica de Occidente. Afirmaron que su objetivo no es la confrontación, sino que sus argumentos sean escuchados y que se respete su derecho a participar en las decisiones que pueden determinar el futuro de la bahía, sus ecosistemas y las personas que dependen de ellos.

Por su parte, Greenpeace México señaló que la insistencia de Grupo Proman en construir la planta constituye, a su consideración, una de las principales amenazas que enfrenta actualmente el norte de Sinaloa.

Irving García Sandoval, campañista de Cambio Climático y Océanos de Greenpeace México, sostuvo que el proyecto podría poner en riesgo territorio, humedales, agua, recursos naturales, ecosistemas y especies que habitan en la Bahía de Ohuira, además de afectar a las comunidades asentadas en la zona.

La organización ambientalista cuestionó que el proyecto pueda ser considerado “inofensivo” y sostuvo que los proyectos asociados con la expansión y dependencia de la industria de los combustibles fósiles deben ser evaluados por sus posibles consecuencias ambientales y sociales.

La movilización reunió a habitantes de Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas, comunidades indígenas y campos pesqueros de origen Mayo-Yoreme, así como de los ejidos Rosendo G. Castro, Plan de Guadalupe, Carrizo Grande, Guadalupe Estrada, El Maviri, Topo Viejo y habitantes de Los Mochis.

Durante la acción se exhibieron mensajes como “¡No a la planta de amoniaco!”, “Defendamos Topolobampo”, “Hoy es Topolobampo, ¿mañana?” y “¡Fuera GPO de Topolobampo!”, con los que los participantes hicieron visible su oposición al proyecto.

Greenpeace también llamó a la ciudadanía a expresar en redes sociales su rechazo ante Grupo Proman GPO. De acuerdo con la organización, algunos usuarios reportaron haber sido bloqueados y que sus comentarios fueron eliminados de las plataformas de la compañía, situación que calificaron como una muestra de falta de tolerancia a la crítica.

Las organizaciones consideran que la decisión sobre el futuro del proyecto requiere voluntad política y una determinación de la Presidencia de la República, al señalar que el propio Gobierno de México ha planteado que no puede existir justicia social sin justicia ambiental.

La disputa por la planta de amoniaco se mantiene así como un conflicto en el que comunidades indígenas, pescadores y organizaciones ambientales demandan que la protección de la Bahía de Ohuira y el derecho de las poblaciones locales a participar en las decisiones sobre su territorio sean considerados antes de que el proyecto avance.