Ante la próxima dictaminación de la minuta de la Ley Forestal en la Cámara de Diputados, representantes de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF); de la Red Indígena de Turismo de México (RITA); de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios del Estado de Oaxaca (UESCO) y de Bosques y Gobernanza señalaron que la presión de la sociedad civil y el apoyo de legisladores progresistas ha permitido que la iniciativa haya cambiado fundamentalmente, sin embargo, la falta de consulta libre previa e informada hacia indígenas y campesinos empaña el proceso por constituir una grave violación a los derechos humanos.

Esta semana la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT) de la Cámara de Diputados dictaminará la minuta que remitiera la Cámara de Senadores hace unos días

Esta semana la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT) de la Cámara de Diputados dictaminará la minuta que remitiera la Cámara de Senadores hace unos días, como paso previo a presentarla para su aprobación en el pleno y posteriormente ser turnada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Gustavo Sánchez, Presidente de Red MOCAF indicó que una de las lecciones de este proceso de discusión de la Ley Forestal es que la sociedad mexicana ya no está dispuesta a aceptar leyes construidas de manera autoritaria y excluyente: “…en este proceso logramos detener la mayoría de las propuestas regresivas que contenía la iniciativa en su texto inicial y queda de manifiesto que desde 2016 a la fecha hubo suficiente tiempo para hacer un proceso de consulta serio que cumpliera con lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que lo que hizo falta es voluntad política de muchos legisladores para respetar los derechos de indígenas y campesinos y de la sociedad civil en general”.

Señaló que es factible mantener la demanda de la consulta ante el poder ejecutivo y plantear a los candidatos a la presidencia de la república su compromiso para propiciar un diálogo incluyente y la consulta a indígenas y campesinos sobre el marco jurídico forestal y ambiental para promover una iniciativa ante el poder legislativo.

Ricardo Campos, Presidente de RITA indicó que “no dejamos de reconocer los avances logrados, uno de los más importantes es la inclusión del concepto de Manejo Forestal Comunitario y de un programa de apoyo a esta línea de política pública, lo cual es una demanda compartida por las organizaciones campesinas e indígenas, sin embargo la falta de consulta es un pésimo mensaje del poder legislativo, en el sentido de que si se incluyen algunas de las propuestas de las organizaciones se puede prescindir del respeto a un derecho fundamental”.

Campos indicó que la demanda por una Consulta Libre previa e Informada continúa ya que no se ha dado respuesta formal a la petición de Red MOCAF y aún publicada la Ley Forestal en el Diario Oficial de la federación se puede solicitar a este poder que detenga su entrada en vigor hasta no realizarse el proceso de debida consulta.

Por su parte, Baltazar López, Presidente de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios del Estado de Oaxaca UESCO, precisó que es una buena noticia que se haya logrado rescatar las funciones del Consejo Nacional Forestal que se pretendían recortar en la iniciativa original y se sumó a señalar que el problema de la falta de consulta es un tema estratégico, nos es una buena señal que los diputados y los senadores estén buscando la manera de cómo no respetar nuestros derechos.

A su vez, René Gómez Orantes, Presidente de Bosques y Gobernanza, del Estado de Chiapas señaló que la falta de consulta dejó fuera de la ley una visión más integral de las causas del problema de la tala clandestina y señaló que es urgente que en la próxima lesgislatura se atiendan estas omisiones al marco jurídico, porque la madera ilegal está acabando “…cuando se reforma una ley sin una participación social amplia, ocurren este tipo de cosas, porque los diputados y sus asesores proponen lo que ellos creen que funciona pero muchos no están dispuestos a procesos de democracia participativa.

 Las organizaciones recapitularon en los siguientes puntos:

• La Consulta Libre, Previa e Informada, culturalmente adecuada y de buena fe es una grave violación a los derechos de Pueblos indígenas, de Comunidades Indígenas y Comunidades Equiparables y sienta un pésimo precedente de prácticas legislativas excluyentes y discriminatorias.
• La presión social a través de los medios de comunicación y redes sociales y el apoyo de legisladores progresistas permitió detener la mayoría de los contenidos regresivos que contenía la iniciativa original y otros que se agregaron, como: vulneración de derechos sobre pago por servicios ambientales; disminución de las funciones del Consejo Nacional Forestal (CONAF); degradación del papel del Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano y alentar el rentismo a través de la transmisión de autorizaciones de programas de manejo forestal.
• Entre los avances, respecto a la ley vigente, que se lograron está el reconocer el Modelo de Manejo Forestal Comunitario como un activo valioso generado por la experiencia de comunidades y ejidos forestales, incluirlo en las definiciones de la ley plantearlo como un elemento fundamental de la política forestal, incluyendo un programa de fomento.

De igual manera, se lograron avances en el fortalecimiento de las salvaguardas sociales y ambientales y en un enfoque ecosistémico y territorial, así como algunas disposiciones para la mejora de la regulación y el combate a la ilegalidad y disposiciones para mejorar la asesoría y el acompañamiento multidisciplinario en el manejo de los bosques.

• Sin embargo, entre los temas que son estratégicos y que no se incluyeron, por falta de un proceso de consulta y diálogo están: la planeación estratégica a largo plazo que sea vinculante, lo cual evitará los bandazos en el sector, característicos de cada sexenio; un abordaje integral de una estrategia para fortalecer el mercado legal de la madera y los productos forestales en México que contemple el mercado nacional e internacional; la actualización de la definición de servicios ambientales; la titularidad de los derechos de reducción de emisiones por deforestación y degradación a favor de ejidos y comunidades y la armonización de conceptos, atribuciones y competencias con otras leyes del sector ambiental y con la discusión del marco jurídico sobre biodiversidad, ya que algunos expertos señalan que la legislación actual y la aprobada en el Senado tiene huecos que pueden aprovecharse para la explotación indebida de la biodiversidad.
• Entre los temas que preocupan por representar un retroceso está la supresión del objetivo general V de la ley vigente: “…Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas, en los términos del artículo 2 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable”, el cual es fundamental en la defensa del territorio indígena frente a proyectos de inversión no deseados por las comunidades.

Asimismo, expertos en temas administrativos y de distribución de competencias señalan que las prisas y la opacidad en que se redactaron las últimas versiones de la minuta han dejado inconsistencias y vacíos como es la indefinición de ante qué dependencia se va a gestionar la autorización de aprovechamiento de recursos no maderables; el aprovechamiento de recursos forestales para fines domésticos y la expedición de los documentos de remisión y reembarque de productos forestales.