México continúa siendo un país muy peligroso para las personas defensoras de la tierra, del medio ambiente y del territorio, ya que éstas siguen siendo víctimas de agresiones como el homicidio, la criminalización, las amenazas y las intimidaciones, entre otras, de acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho ambiental.

El año pasado se mantuvo la tendencia letal del 2017 cuando el país fue incluido en el cuarto lugar del mundo donde se han producido más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente

En conferencia de prensa, CEMDA afirmó que el año pasado se mantuvo la tendencia letal del 2017 cuando el país fue incluido en el cuarto lugar del mundo donde se han producido más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente.

El total de agresiones registradas por el CEMDA entre el 2010 y el 2018 es de 440, de los cuales 49 ataques ocurrieron en el 2018. A este respecto, es importante precisar que un ataque puede incluir varias agresiones de diversos tipos. Por otro lado, las agresiones registradas son una muestra ejemplificativa, puesto que no todas las agresiones son denunciadas o registradas por medios públicos.

En cuanto al tipo de agresiones, CEMDA registró en primer lugar al homicidio en el 25% de los casos, en segundo lugar a la criminalización con el 19%, y, en tercer lugar, a las amenazas y las agresiones físicas con el 17%, respectivamente.

En cuanto a las entidades donde ocurrieron las agresiones, Puebla fue el estado que registró el mayor número, con un total de 8, seguido de Oaxaca y Chihuahua, con 6, respectivamente.

Respecto del tipo de víctima, de los 49 ataques registrados, en el 89% de los casos las agresiones se cometieron directamente contra personas en lo individual, 8% en contra de la comunidad y 3% en contra de una organización de la sociedad civil.

El mayor número de ataques ocurridos (9) tuvo que ver con proyectos de infraestructura; seguido de 8 casos de despojo de tierra y territorio, así como 8 relacionados con proyectos hidroeléctricos.

La minería se ubicó en cuarto lugar con 6 ataques. La gran mayoría de los ataques (37) se generó en el contexto de la disputa por la tierra y el territorio.

Desafortunadamente, es el propio Estado mexicano -quien debería ser el garante de los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente- quien se identificó como uno de los principales agresores, en 19 de los ataques identificados.

En 2018, el homicidio se colocó en primer lugar de las agresiones cometidas contra las personas defensoras del medio ambiente en México, según se establece en el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por quinto año consecutivo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)

Las autoridades estatales fueron señaladas en primer lugar como fuente de las agresiones (13 casos), seguidas de las municipales (6 casos) y las federales en 5 casos. También, en 19 de los casos no fue posible identificar al agresor.

El Informe 2018 de CEMDA se enfoca particularmente en el tema de la criminalización contra las personas defensoras ambientales, pues a lo largo de los años se ha observado el uso indebido del sistema penal por parte del Estado mexicano para perseguirlas. Entre 2013 y 2017 se registraron por lo menos 95 casos de criminalización contra quienes defienden el medio ambiente.

Estas agresiones tienen el propósito de debilitar las acciones de promoción y defensa de los derechos humanos ambientales frente a la implementación de megaproyectos de desarrollo e infraestructura, tanto de empresas privadas como empresas productivas del Estado mexicano que no respetan tales derechos.

Este tema se ejemplifica en el Informe con el caso de las personas defensoras del territorio de Cuetzalan, en la Sierra Nororiental de Puebla, quienes han sufrido criminalización derivada de su protesta contra del proyecto de instalación de una subestación eléctrica que pretende desarrollar en su territorio la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El hecho más grave en este caso ha sido el asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, integrante del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP), quien había sido señalado en la denuncia que interpuso la CFE contra los defensores.

Frente a este contexto de grave violencia que viven las personas defensoras ambientales en el país, el pasado 27 de septiembre de 2018, México suscribió en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Es fundamental que nuestro país ratifique e implemente cuanto antes dicho Acuerdo a fin de que se pueda establecer una política pública integral y eficaz para la protección adecuada de las personas defensoras ambientales y la prevención de las agresiones.

Asimismo, es urgente que el gobierno actual enfoque sus acciones a la consolidación del Estado pluricultural, garantizando el derecho a la diferencia, a través del cual los pueblos puedan mantener el control sobre sus elementos culturales y naturales.

Esto hace posible que se impulsen otras formas democráticas de toma de decisiones que conllevan a generar condiciones para eliminar la violencia estructural y simbólica del marco jurídico y la política pública mexicana que durante años ha sido el escenario perfecto para la perpetración de las agresiones contra personas defensoras ambientales.

Algunas recomendaciones incluidas por CEMDA en su Informe 2018 son: a) Alinear y armonizar el marco legal y las políticas públicas bajo un enfoque de derechos humanos y el principio del Estado pluricultural;

El Informe 2018 de CEMDA se enfoca particularmente en el tema de la criminalización contra las personas defensoras ambientales, pues a lo largo de los años se ha observado el uso indebido del sistema penal por parte del Estado mexicano para perseguirlas

1. b) Implementar, en la legislación ambiental y en las políticas públicas, la perspectiva de género;
2. c) Respetar el derecho a la autonomía, al territorio y al desarrollo propio de las comunidades indígenas frente a megaproyectos de desarrollo;
3. d) Garantizar oportunamente el cumplimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y las comunidades e indígenas, así como a la información y a la participación en proyectos de desarrollo que afecten de manera significativa sus modos de vida;
4. e) Implementar medidas como la suspensión temporal de la obra y actividad hasta que se garanticen los derechos de las comunidades indígenas;
5. f) Revisar el contenido de los tipos penales que facilitan la criminalización de las personas defensoras ambientales;
6. g) Suspender la implementación de un proyecto de desarrollo cuando existan evidencias de ataques y agresiones contra las personas defensoras ambientales;
7. h) Realizar las evaluaciones de impacto social y ambiental en las primeras etapas del proyecto, antes del otorgamiento de concesiones o permisos sobre el recurso natural;
8. i) Fortalecer el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, brindando presupuesto y recursos materiales suficientes para que cumpla con su objetivo; así como otorgar protección a colectivos que defiendan los derechos humanos ambientales;
9. j) Garantizar el derecho a la reparación integral del daño a las personas defensoras por las agresiones y violaciones a sus derechos humanos; así como,
10. k) Atender y cumplir con las recomendaciones de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas en la materia; entre otras.